Sanidad pública, ¿próximo recorte?

La Unión Europea ha recomendado a los países miembros que estudien fórmulas de copago de los servicios sanitarios para reducir su impacto en las cuentas públicas. De momento, no es una exigencia, como ocurre con las pensiones; solo una recomendación, pero no es difícil imaginar que el siguiente paso del ajuste del Estado del bienestar pasará por la sanidad. Pronto veremos a las agencias de calificación exigiendo celeridad en su adelgazamiento. Tanto Elena Salgado como Leire Pajín han dicho que el gasto español es razonable -el 5,5% del PIB, por debajo de la media comunitaria- y han negado que el Gobierno piense en algo parecido, aunque no lo han descartado en el futuro. Confiemos en que la economía crezca lo suficiente como para reducir el déficit hasta el 6% en el 2011 y que los mercados no exijan más recortes.

En España venimos dando vueltas a este asunto desde hace décadas, desde que se formó la Comisión Abril Martorell. Después, con las competencias sanitarias transferidas, el debate se ha extendido a las autonomías. En Catalunya, la Comisión Vilardell hizo un informe en el 2005 y en julio del 2010 publicó el segundo. Aunque no todos sus miembros están de acuerdo, el titular/resumen de ambos textos se centra en el copago. Paralelamente, los especialistas de las escuelas de negocios y los servicios de estudios corporativos no paran de fabricar papeles en torno a las necesidades de nueva financiación y a la contención de su gasto. Las líneas básicas de esos análisis son evitar la saturación del sistema público y reducir las compras farmacéuticas, que suponen más del 20% del gasto, una proporción que sí supera la media comunitaria.

Es muy probable que al final haya que recurrir al copago -repago en definición feliz de los que quieren subrayar que la sanidad ya se paga con las cotizaciones de los trabajadores-, pero es un error centrar el debate en esa cuestión. Salgado fue ministra de Sanidad y como tal bajó por decreto los precios de los medicamentos. Es verdad que esas medidas han reducido el 10% su coste, pero el número de recetas ha aumentado un 21% en los últimos seis años.

En estos momentos, el Gobierno desarrolla una campaña publicitaria para promover el consumo de genéricos entre la población, a la que apela también para que use racionalmente los servicios sanitarios. Existe cierta resistencia a esos medicamentos en los asegurados, que tienen la tentación de pensar que, siendo más baratos, son menos eficaces; pero son los empleados del sistema, los facultativos, quienes tienen que convencerse. Los compra la Seguridad Social y son sus médicos quienes los prescriben. Es de esperar que la sanidad pública tenga otros instrumentos, además de la campaña y los decretos. Estaría bien, por ejemplo, que diera formación a sus médicos sobre los medicamentos de nueva generación para que dejen de ser los laboratorios quienes les pongan al día de las novedades.

La idea de que la salvación de la sanidad pública pasa por el copago va calando como la lluvia fina. Las encuestas dicen incluso que la mayor parte de la población lo vería bien. Artur Mas dijo en su discurso de investidura que no es «partidario» del copago, cuando en la precampaña sí lo era. En medio de las dos afirmaciones se conoció el documento de la UE y la respuesta del Gobierno central. Su segundo pronunciamiento, acompañado de anuncios sobre privatización y revisión de prestaciones, se parece mucho al de Salgado y Pajín. Pero la Seguridad Social tiene muchas ineficiencias, más de gestión que sanitarias. ¿Por qué hacer pagar un euro por visita de consultorio para descongestionarlo, si el 30% de ellas son puramente administrativas y otro 20% son cuestiones que podría resolver la enfermería? ¿No es más lógico evitar esas funciones impropias de los médicos? El euro por visita puede ser disuasorio, pero ¿para quién? Probablemente, para el que toma el autobús con la tarjeta rosa y para el que esa cantidad supone un freno.

Algunos de los expertos de la Comisión Vilardell ponen el acento en la necesidad de que la sanidad pública revise su política de compras, incluida la tecnología; en que se haga un control de eficiencia para mejorarla antes de entrar en incentivos salariales para médicos y enfermeras y en si los pacientes deben pagar cuando acuden a un servicio o consumen un específico. También incluyen la posibilidad de obtener recursos de servicios periféricos, como el confort en los ingresos hospitalarios, pero sobre todo insisten en que se tenga presente la renta de los pacientes a la hora de establecer quién, qué y cuánto se paga adicionalmente. Proponen que en caso de recurrir al copago se empiece por modificar el que ya funciona en la compra de medicamentos, que no distingue entre un jubilado de renta alta y un trabajador con sueldo bajo y cargas familiares. O sea, no huir de los cambios profundos, aunque sean más costosos que la fórmula fácil de incrementar el copago y, en caso de que deba aumentarse, hacerlo con criterios de justicia social.