Sanción insólita contra el juez Vidal

Por si no estuvieran ya suficientemente desacreditadas las instituciones públicas, la resolución del Consejo General del Poder Judicial contra el juez Santiago Vidal significa otro peligroso paso adelante en esa caída. La insólita suspensión de tres años de carrera por haber redactado una Constitución catalana no hace otra cosa que dar argumentos a los que la interpretan como una maniobra de los poderes del Estado contra el proceso soberanista que una parte de la población impulsa en Catalunya. El resultado de la votación así lo demuestra: los 12 vocales conservadores apoyaron la suspensión, mientras se opusieron los ocho progresistas y el elegido a propuesta del PNV.

A Vidal se le ha aplicado un expediente disciplinario no por cuestiones relacionadas con sus funciones judiciales, sino por haber ejercido, en definitiva, la libertad de expresión y de pensamiento. Puede parecer más o menos apropiado que un veterano magistrado, de impecable trayectoria en la Audiencia de Barcelona, se dedique en su tiempo libre a redactar una Constitución catalana, pero su condición de juez no limita su libertad de expresión. Algo que sí sucede, según norma constitucional, con la posibilidad de afiliación sindical o a un partido. El argumento de que Vidal ha vulnerado el deber básico de fidelidad a la Constitución se antoja poco sólido. Esta sanción nada ejemplar va a tener además un efecto colateral, ya que puede insuflar nuevos ánimos a un procés que no pasa por su mejor momento.