Salvar el poder, resucitar el 'procés'

Cuando ya parecía imposible, Artur Mas se avino a tirar la toalla. Una decisión impuesta por la única lógica que cuenta en política: salvar el poder y, si puede ser, el honor. Ir a marzo suponía no solo el entierro del proceso separatista, sino también de CDC y del propio Mas. Pero sin honores. Aunque el president saliente lo haya explicado como una decisión personal, se resistió hasta el límite. Su vanidad, que quedó al desnudo en la comparecencia del sábado, se lo dificultaba. Han tenido que ser muchas las presiones dentro de su partido para que finalmente diera el paso. El procés se ha convertido en un modus vivendi para un importante conglomerado político, intelectual y mediático y la perspectiva de ir a marzo suponía su ocaso. Mas tenía igualmente perdida la presidencia en las elecciones y ha optado por salvar su honor sin renunciar un día a volver como Churchill o De Gaulle. Se despidió con una durísima reprimenda hacia la CUP, logrando la autoinmolación política de los anticapitalistas. Un episodio inaudito sobre el que sobrevuelan muchos interrogantes. También con una velada amenaza hacia sus adversarios: "A partir de ahora me conocerán mejor". Su confesión de que "hemos corregido lo que las urnas no nos dieron" inquieta enormemente.

Ir a marzo hubiera abierto la guerra entre los partidos separatistas, que ya se vislumbraba tras la doble negativa de ERC a entrar en el Govern en funciones y a reeditar la coalición JxSí. Para los convergentes la disyuntiva no era Mas o marzo, sino entre un imposible, salvar su presidencia, u optar por refundar el partido desde la Generalitat. Ir a marzo suponía arriesgarse a perder el poder autonómico, seguramente sirviéndolo en bandeja a la formación de Ada Colau y Podemos, o compartirlo con ERC desde una posición subordinada, con Oriol Junqueras de presidente.

Puigdemont, inmolable

La elección de Carles Puigdemont subraya la apuesta partidista. El nombre del alcalde de Girona nunca había estado antes encima de la mesa. Su perfil ideológico lo hace apto para la inmolación. Preside la Associació de Municipis per la Independència, una entidad privada integrada por administraciones públicas que persigue la apropiación de las instituciones para ponerlas al servicio del secesionismo. La AMI es una anomalía democrática. No solo es contraria a los principios constitucionales básicos, sino que defiende en sus estatutos una ideología supremacista. Puigdemont ha confirmado que piensa implementar el mandato de la resolución rupturista del 9-N, anulada por el TC. El problema es que todo eso, si se lleva a cabo, solo puede acabar en la inhabilitación del Govern y en la intervención de la Generalitat por parte del Estado. De entrada, el esperpento de los últimos meses va a ser reparado resucitando el procés y dando la sensación de que se gobierna. Ahora los esfuerzos se pondrán en la llamada fase constituyente, con el objetivo de cohesionar el bloque separatista. Habrá que ver si, a la hora de la verdad, el nuevo president es capaz de saltar sobre el abismo sin caerse.