¿Robar a los pobres para darlo a los ricos?

La agresión al activista Lagarder Lagarder le ha hecho famoso. Desgraciadamente, su discurso se pierde en el barullo de las redes sociales. Porque al no estar auspiciado por ningún partido, es atacado por todos ellos.

Lo que Lagarder pretende denunciar es la mercantilización de la pobreza, el hecho de que haya sectores enteros de asistencia social que están siendo explotados por empresas privadas. En busca de la rentabilidad, no de la acción social. Es decir, con la excusa de que «no se trata de hacer caridad sino de hacer justicia» le hemos quitado el puesto al voluntariado para dárselo a instituciones privadas. Pero no hemos arreglado nada.

Un ejemplo entre mil: en Sevilla la gestión del albergue municipal se adjudicó a la empresa Grupo5. Que recibe 5,9 millones de euros al año. Cantidad suficiente para acoger a todos los sintecho de la ciudad... ¡y sobraría! Pero cubre solamente el 20% de la demanda y deja sin atención a cerca de 2.000 personas cada día, según La Carpa de los Sin Techo. Los sintecho aseguran que el albergue selecciona los perfiles que pueden «causar menos problemas», dejando en la calle a las personas enfermas.

Servicios como asistencia domiciliaria, albergues para sintecho, drogodependientes, menores, inmigrantes, refugiados, etcétera, o bien se han externalizado a través de muy sospechosos contratos públicos que suenan a veces a corruptela, o bien se están dando al «tercer sector». Es decir: a empresas privadas o la Iglesia católica. Las subvenciones municipales –el dinero, vaya– se pierden muchas veces en un opaco entramado de oenegés y fundaciones.

Cáritas asegura que con los recursos que se cuenta sería posible atender a los 45.000 sintecho españoles. La mala gestión y la privatización, unidos a la falta de conciencia y la estigmatización, son los responsables de que no se consiga.

Un escándalo del que nadie habla. ¿Por qué? Respuesta lógica: porque los sintecho no votan.