La revisión de las tasas judiciales

Cuando el ministro de Justicia tomó posesión de su cargo hace poco más de dos meses, una de sus primeras promesas fue la de «analizar y en su caso mejorar las tasas judiciales». Dado el poco tiempo transcurrido es justo conceder al ministro un voto de confianza, pero la unanimidad de todos los operadores jurídicos que proponemos la inmediata derogación del llamado 'tasazo' o, en su caso, una importante revisión a la baja de su importe, hace que se empiece a poner en duda no ya la voluntad de Rafael Catalá de cumplir lo prometido, sino la de todos sus compañeros de Gobierno y en especial la del titular de Hacienda. Ya se sabe, Hacienda somos todos. Pero renunciar a una tasa que ingresa anualmente en las arcas públicas más de 300 millones de euros no debe ser fácil.

Quizá sea el propio Tribunal Constitucional quien le haga próximamente el trabajo al ministro, si estima alguno de los cinco recursos interpuestos contra la ley de tasas judiciales, aunque vista la reciente sentencia sobre la tasa catalana, cualquier cosa es posible.Entiendo que el ministro de Justicia debería ser fiel a su palabra, sin esperar a ver lo que resuelve el Constitucional, y adoptar una decisión política tan esperada por todos los profesionales del sector, como anhelada por miles de ciudadanos que han visto impedido su acceso a la justicia por unas tasas elevadísimas que, más que un obstáculo al uso abusivo de la justicia, suponen una verdadera barrera para la clase media, privada también de los beneficios de la justicia gratuita, que excluye expresamente el pago de las tasas.

La falta de pago en un plazo de 10 días puede provocar la inadmisión a trámite de una demanda o de un recurso de apelación, cuyo coste mínimo es de 800 euros por recurso, pudiendo llegar hasta los 10.800, cantidades que se suponen abonadas a fondo perdido, ya que aunque luego el órgano judicial superior dé la razón al apelante, en realidad le será imposible recuperarlas. Si excepcionalmente se ha de devolver algún importe pagado de más, Hacienda tarda seis meses en llevarlo a cabo.

El resto de Europa

Sabemos que a nuestros gobernantes les gusta compararse con el resto de Europa. Pues bien, lo cierto es que en la mayoría de países europeos una parte del presupuesto de justicia se financia mediante tasas. España, bajo la ley del 2002, estaba dentro de los países que menos pagaba en concepto de tasas judiciales. Pero ahora, tras la reforma del exministro Gallardón en el 2012, y a pesar de su maquillaje del pasado año, hemos pasado a ser uno de los países más caros de nuestro entorno. Y ello en un contexto donde la mayoría de Administraciones están revisando o suprimiendo directamente la tasa judicial, como es el caso de Francia. Ni que decir tiene que en la mayoría de nuestros vecinos europeos en los que se paga tasa, no se debe igualmente pagar 25 o 50 euros cada vez que se interpone un recurso, como en cambio sí sucede aquí.

Sin duda, la cuestión sería mucho más 'digerible' si los cientos de millones recaudados por las tasas judiciales y los depósitos para recurrir hubieran sido destinados en una gran parte a mayores inversiones en la Administración de Justicia. Así, se podrían incrementar los salarios de nuestros jueces y funcionarios judiciales para equipararlos a los de otros países europeos avanzados -sus retribuciones, en la mayoría de los casos, no guardan proporción alguna con el elevado grado de responsabilidad y la excesiva carga de trabajo que padecen nuestros juzgados- o modernizar de una vez por todas nuestros órganos judiciales haciendo desaparecer las montañas de papel con la implantación del expediente electrónico.

La ley de tasas judiciales nació con mal pie, siendo aprobada en trámite de urgencia y con los votos únicamente del PP. Se pretendió reducir así la litigiosidad a base de impedir el acceso a la justicia, ignorando la realidad social de nuestro país y jugando con unas estadísticas de los números de procedimientos que ingresan en nuestros juzgados más que discutibles.

La justicia española ya dispone desde hace muchísimo tiempo de herramientas más que suficientes para dar respuesta y hacer frente a aquellos que hacen un uso abusivo de la misma. El tiempo pasa, señor ministro, y estamos ante uno de los recortes más importantes que ha sufrido nuestro país en el derecho a la tutela judicial efectiva que tienen todos los ciudadanos que forman parte de un Estado de derecho, ya que se ha restringido de forma totalmente desproporcionada el acceso a la justicia.

Ha llegado la hora de solucionar el grave problema que creó su antecesor y bien sabe usted que tendrá el apoyo de todos los profesionales del Derecho para convertir su promesa en realidad.