Retribuir el talento público

Leo que Ada Colau piensa fijar un tope de 37.000 euros anuales a los sueldos de concejales y directivos del Ayuntamiento de Barcelona. Incluye su propio sueldo de muy probable alcaldesa, que quedaría en poco más de la cuarta parte de lo que cobraba su predecesor. La medida será popular, pero creo que vale la pena reflexionar un poco sobre su significado y consecuencias. Teniendo en cuenta que hablamos de una organización que cuenta con 2.550 millones de presupuesto y más de 12.000 empleados, salta a la vista que las retribuciones que se piensa implantar están a distancia sideral de las que rigen en el mercado para directivos de empresas comparables. Eso no es necesariamente malo, dado que las compensaciones agregadas -directas, indirectas y diferidas- de los altos directivos alcanzan, con frecuencia, niveles desmesurados que no se relacionan con el valor de los cargos o su contribución a los resultados, ni siguen criterios razonables de equidad interna en la empresa. En realidad, algunas remuneraciones obscenas son el síntoma de una enfermedad que aqueja, en ocasiones, al capitalismo contemporáneo: la captura de las empresas por quienes las administran.

Por esa razón, muchas voces se han alzado contra tales abusos. Una de las más conocidas es la de Thomas Minder, el senador suizo que consiguió que su país aprobara en referéndum en el 2013 que sean los accionistas, no los consejos, quienes fijen los salarios de administradores y directivos, y que se eliminen las abusivas indemnizaciones por cese. Otra iniciativa -cuyos postulados apuntan a una refundación radical del modelo capitalista- es la de la llamada economía del bien común, cuya figura más conocida es el economista austríaco Christian Felber. Su propuesta es que se establezca un límite salarial máximo equivalente a 20 veces el salario mínimo legal de un país. En España, eso equivaldría, hoy por hoy, a algo menos de 182.000 euros anuales. En algunas empresas del sector de la economía social ha arraigado la propuesta formulada en el Reino Unido por la New Economics Foundation que sugiere una ratio ideal de 1/8 (el sueldo más alto en una empresa no supere en más de ocho veces el del empleado que menos gana). La propuesta ha sido asumida en España, por ejemplo, por el grupo cooperativo Mondragón.

¿Hay un problema de sueldos excesivos en la Administración pública española? No parece que sea así, si exceptuamos el caso de los controladores aéreos, fenómeno endémico de captura del patrimonio público por parte de un grupo de interés. Por el contrario, en nuestro sector público las cuantías salariales de quienes ejercen responsabilidades de gobierno y dirección satisfarían (tal vez haya alguna excepción que desconozco) las aspiraciones de esos movimientos críticos con las desigualdades retributivas.

Máxima concentración salarial

El anuncio de la futura alcaldesa va mucho más lejos que esas propuestas y fija de hecho una ratio de concentración salarial en la Administración municipal inferior al 1/2. ¿Es eso conveniente? Creo que no, y lo creo así porque la medida entraría en conflicto con las dos principales características que debe reunir una buena política de compensación: la equidad interna y la competitividad de los salarios. Si hablamos de lo primero, un abanico salarial tan cerrado es ineficaz -aplicando estándares de buena práctica comúnmente aceptados- para reconocer equitativamente las diferencias de contribución según cargos y responsabilidades. Esto desincentiva el esfuerzo, el aprendizaje y la asunción de responsabilidades e impide la correcta gestión del talento. Por otra parte, en el caso del ayuntamiento, la medida situaría las retribuciones de concejales y gerentes bastante por debajo de las que perciben los funcionarios municipales de niveles superiores que ocuparán posiciones subordinadas a los primeros. Los efectos disfuncionales de esta inequidad se manifestarían con rapidez.

En cuanto a la competitividad, la medida puede dificultar sensiblemente la atracción y retención del talento gerencial necesario para dirigir una institución tan grande, diversificada y compleja. No es bueno para el servicio público separar tanto los sueldos del mercado si se aspira a contar con los mejores. Salvo, claro está, que se sustituya el talento por la militancia y se quiera gobernar con los nuestros, lo que no es nada recomendable. Y es que, aunque el gesto suscitará simpatías, los ciudadanos no necesitamos que los gobernantes y directivos públicos cobren poco, sino que hagan bien su trabajo y perciban por ello lo que requiere la importancia de su misión al servicio de todos. A los barceloneses, accionistas de nuestro ayuntamiento, lo que nos conviene a la hora de retribuir a los gestores municipales es pagarles bien y exigirles mucho.