Retos y límites del 'escrache'

La nueva y contundente campaña de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), Hay vidas en juego, es algo más que un nuevo paso. Es un salto. Tras el indiscutible éxito político obtenido al ser admitida a trámite en el Congreso de los Diputados su iniciativa legislativa popular (ILP) con más de 1.400.000 firmas, la PAH entiende que su protagonismo no ha acabado y que empieza la fase de la vigilancia. La campaña actual plantea abiertamente acciones de señalamiento sobre el Gobierno y los diputados que deben elaborar la nueva ley, con el objetivo de que el proceso legislativo (debates, posiciones, votaciones) no desvirtúe, modifique o altere el contenido de la ILP. Es evidente que limitar la función de los parlamentarios a simples trámites fedatarios plantea cuestiones de profundo calado y no es lo mismo que cocrear y coelaborar leyes en una sociedad abierta y en una cultura que promueva la participación política, también legislativa. Pero este es otro tema.

NO HAY DUDA de que la rectificación in extremis del PP al aceptar a trámite la ILP, así como la evolución del PSOE, tienen mucho que ver con la alarma y la presión social generada por los centenares de miles de personas que hicieron presente y audible su rechazo a la usura bancaria legalizada. Las dolorosas tragedias que acompañan este sinsentido han martilleado las conciencias y han creado un clima de alta emocionalidad, una irritación y malestar insoportables. Presión y activismo que han tenido en la PAH a su principal protagonismo, al margen -cuando no enfrentado- de la mayoría de fuerzas políticas.

Estas nuevas acciones han llegado esta semana a su punto álgido al forzar al mismo presidente del Gobierno a abandonar un local público por la puerta trasera (como sucede en otras ocasiones), y coincidiendo con el anuncio, el jueves, del fallo del Tribunal de Justicia de la UE que establece que la regulación de desahucios judiciales por impago de la hipoteca provoca indefensión en los afectados y es contraria a las normativas comunitarias. La victoria de la ciudadanía y sus organizaciones sociales es total. Tenían razones éticas y sociales, y ahora se les reconocen también las legales.

Esta nueva fase del activismo social, caracterizada por el bracketing (irrupción e interrupción de la actividad política, en formato presencial o digital, con el objetivo de contraprogramar, boicotear y obtener notoriedad) y el escrache (señalamiento, seguimiento y acoso de cargos públicos con el objetivo de denunciar, cuestionar o condicionar su actuación), es un salto cualitativo y abre nuevas posibilidades de comunicación. También algunos interrogantes.

El escrache es un tipo de manifestación, popularizada en Argentina, en la que un grupo de activistas se dirigen al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar y se reúnen en su puerta. Tiene como fin que sus peticiones sean conocidas por la opinión pública, pero en ocasiones se utiliza como una forma de intimidación. La acción es pacífica, pero por su proximidad a la vida cotidiana de los representantes (domicilios particulares, actos públicos, lugares de trabajo, sedes políticas) y la intensidad de la acción (cercanía máxima, al límite del contacto físico), puede ser percibida como acoso a un electo. Ciudadanos contra representantes, también de otros ciudadanos.

La tremenda injusticia de la actual legislación ha dejado un reguero de dolor que ha llevado a muchas personas, incluso, al suicidio. Perder la casa era perder la vida. Y en ese punto, mejor quitársela que arrastrarla, pensaron muchas personas presas de la desesperanza más cruel. Este clima de gran tensión, junto a la razón reconocida por la justicia europea, puede hacer que el escrache protagonizado por los afectados sea algo más que un señalamiento inteligente y efectivo, y alimente -involuntariamente o no- el rechazo múltiple a todo: a quienes lo protagonizan (y sus causas) y a quienes lo padecen (y sus funciones). Del señalamiento al hostigamiento, como del asedio a la persecución, hay un paso pequeño, pero enorme en términos democráticos.

EL 'ESCRACHE' incomoda por su persistencia y capacidad de crear una sombra de permanente denuncia. Ahí radica su fuerza. Pero para que no la pierda, su efectividad radica, paradójicamente, en la moderación, respeto e inteligencia de las acciones. Ada Colau lo sabe muy bien. Cuando fue expulsada del Congreso por gritar e impedir que la sesión continuara, precisamente después de obtener una gran victoria política en sede parlamentaria, perjudicó -puntual e involuntariamente- a su causa. Fue un momento de tensión comprensible, dijo. Y es cierto. Pero tener razón puede no ser suficiente. En comunicación política, administrarla para avanzar, sumando mayorías y apoyos, es tan importante como los argumentos. Estos son los retos y, a la vez, los límites del escrache.