Un reto ante la responsabilidad de los gobiernos locales

A finales del pasado año las Cortes aprobaron una iniciativa propuesta por el ministro Montoro: la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL). Una ley elaborada de cara a los mercados, con la principal finalidad de ayudar a reducir la prima de riesgo de la deuda española. Es una lástima que, después de conseguido ese objetivo, la ley no se haya volatilizado, y ahora no nos queda más que prevenir el daño, con su vigencia.

Porque una de las consecuencias de la LRSAL puede estar en la supresión de muchos de los servicios municipales que luchan por mantener la cohesión social y la protección de los más débiles ante la crueldad y los efectos más despiadados de la crisis. Servicios como las escuelas parvulario, diversos servicios sociales, las escuelas de adultos, la protección de los consumidores o los servicios locales de ocupación son sólo algunos ejemplos de las muchas prestaciones municipales que con esta ley se han sumido en un ejemplo de vacío, jurídicamente hablando.

Ante esta situación, miles de ayuntamientos de todo el Estado, algunas comunidades autónomas (entre ellas, la Generalitat) y la oposición al Gobierno del PP conllevan a la LRSAL al Tribunal Constitucional. Hay argumentos muy sólidos en la jurisprudencia de este Tribunal que permiten percibir una futura sentencia que anulará algunos de los despropósitos más polémicos de esta ley. Pero ello no pasará hasta dentro de unos años. Y mientras, durante el día a día municipal, ¿qué hacer?

Porque al margen del pulso de poder entre políticos y gobernantes, que también existe en el trasfondo del conflicto jurídico en torno a la LRSAL, la aplicación de esta ley puede conllevar a graves consecuencias directas para la ciudadanía, como la supresión de los servicios citados más arriba. De hecho, se empiezan a frecuentar casos de secretarios e interventores municipales que, en ejercicio de la responsabilidad que les ofrece esa misma ley, emiten informes jurídicos que cuestionan seriamente la continuidad de algunos de dichos servicios municipales.

Ahora, el quid de la cuestión se halla en los tejados de las comunidades autónomas. La Generalitat tiene la capacidad jurídica para decidir y clarificar, política y jurídicamente, si quiere que en Catalunya, exprese lo que exprese la LRSAL, los municipios puedan seguir prestando todos sus servicios. Así, han pasado casi cuatro meses desde la nueva Ley y, aún la inquietud de muchos ayuntamientos, el Govern de Catalunya no mueve peón.

¿Qué pueden hacer los ayuntamientos?. Si bien es cierto que la LRSAL niega o cuestiona la competencia municipal sobre muchos de los servicios que actualmente se prestan a la ciudadanía, no es en vano que siguen vigentes las Leyes catalanas (de régimen local, de servicios sociales, de educación, etc.) que otorgan capacidad jurídica a los ayuntamientos para seguir manteniéndolos. Estamos ante leyes contradictorias, es cierto, y algún día la Generalitat o, en última instancia, el Tribunal Constitucional deberán resolver esos conflictos legislativos. Pero mientras tanto todas esas leyes son igualmente vigentes, y dan a los responsables municipales argumentos jurídicos para fundamentar la decisión que consideren más adecuada hacia los intereses generales de sus colectividades.

Es probable que muchos secretarios e interventores municipales, que no son políticamente responsables ante la ciudadanía y están sometidos por la LRSAL a la disciplina del Ministerio de Hacienda, incluirán en sus informes de legalidad la necesidad de aplicar, sin más, esta nueva Ley estatal, aunque de ello pendan la continuidad de muchos de los servicios de sus ayuntamientos. No obstante, cabe recordar que los informes de esos funcionarios no son vinculados por los gobiernos municipales los cuales, también legítimamente, pueden decidir según su propio criterio y actuar en discrepancia con los informes de sus secretarios e interventores; eso sí: siempre que lo justifiquen razonadamente en cuanto a los intereses de su colectividad y lo amparen en sendas leyes que den soporte a los servicios que quieran seguir prestando. Si lo gestionan bien y de esta forma, no deberían sufrir las consecuencias jurídicas de sus decisiones.

Los gobiernos municipales enfrentados a ese tipo de conflictos jurídicos, ¿estarán a la altura del reto? Estamos demasiado acostumbrados a ver cómo políticos de todos los niveles y colores se refugian a menudo tras la Constitución y las leyes, y de los informes jurídicos supuestamente neutros que las interpretan, para rehuir su responsabilidad de servicio a la ciudadanía y para realizar, aparentemente a regañadientes, aquello que realmente quieren hacer pero políticamente no se atreven a defender. Confiemos en que nuestros alcaldes no dejarán ser secuestrados por esa tradición tan alejada de la responsabilidad política. Porqué, no lo olvidemos, si un ayuntamiento cierra un parvulario, un centro de ocupación o de ayuda a las víctimas de violencia machista, en el fondo no va a ser por culpa de la LRSAL.