Respeto máximo a la impunidad infantil

Al día siguiente de la tragedia del Institut Joan Fuster del barrio barcelonés de Navas otras voces de juristas se pronunciaron en la misma línea que lo hizo ayer el catedrático Joan J. Queralt en este diario. Un caso aislado, una excepción, no debe dar pie a una modificación normativa inmediata, a una legislación en caliente que calme la alarma social que provoca lógicamente que un niño de 13 años entre en su centro escolar con las peores intenciones. No hay motivo para cambiar la graduación actual de impunidad hasta los 14 años, un estadio intermedio entre 14 y 18, y todas las consecuencias penales a partir de esa mayoría de edad.

Rebajar ese listón de los 14 años se situaría, como ya ocurre en Gran Bretaña desde hace años, en una órbita similar a la reciente reforma del Código Penal, solo votada por el PP en el Congreso, que reintroduce la cadena perpetua con el eufemismo de 'prisión permanente revisable'. Endurecer las medidas punitivas no es una garantía de la reducción de los delitos. Más bien obedece a motivaciones demagógicas o electoralistas, lo que es aún peor. Y cuando se trata de menores, la solución son las medidas socio-educativas.

El suceso también reabre un tema con la que se debería tener total prudencia: la estigmatización de los trastornos o enfermedades mentales, sean en niños o en adultos, como ya sucedió en el caso del copiloto de Germanwings. Porque es irresponsable asociarlas con posibles conductas violentas por el riesgo de exclusión que ello supone.