Represión contra protestas

«Ofensa es lo que es ofensivo», asegura muy serio el ministro del Interior al explicar su reforma de la ley de seguridad ciudadana. En su inconsciente homenaje a Forrest Gump («tonto es el que dice tonterías»), Jorge Fernández cae en la madre de todas las tautologías. ¿Qué es una ofensa a España? Lo que ofenda al Gobierno o a la policía. Serán los antidisturbios, y no los jueces, quienes decidirán arbitrariamente qué pancartas, cánticos o actitudes son punibles durante una manifestación.

Para justificar esta reforma, el Gobierno pone como ejemplo comportamientos que ya son delito, sin necesidad de que las leyes cambien. La violencia en una manifestación ya está penada. Pero lo que incomoda al Ejecutivo de Rajoy no son las protestas violentas, sino las pacíficas: que los jueces estén aplicando la Constitución en vez del código ético del PP; que en esos escraches que Cospedal califica como «nazismo puro» la justicia solo vea el ejercicio de un derecho democrático.

Incluso la conservadora asociación de jueces Francisco de Vitoria, poco sospechosa de antisistema, ha comparado la reforma con la Ley de Vagos y Maleantes del franquismo. Los ciudadanos que intenten parar un desahucio -esa misma Plataforma de Afectados por la Hipoteca que ha sido premiada por Europa- serán multados con hasta 30.000 euros. Es la misma pena que recibirá quien insulte a la policía y bastará la palabra del agente para exigir el pago de la multa.

Dos años

Los objetivos de la reforma son tan claros que el Gobierno no se molesta en ocultarlos. «Se ha ejercido ampliamente el derecho de manifestación en los dos primeros años de esta legislatura», argumenta la nota de prensa que envío la Moncloa. Al parecer, el momento de protestar ya pasó, y ahora solo cabe celebrar el advenimiento de esa recuperación económica que Cristóbal Montoro presenta como la envidia de Europa.

La reforma pretende solucionar un problema que hoy no existe. A pesar de las durísimas circunstancias, las protestas en España han sido mayoritariamente pacíficas. Es algo que no se explican fuera; pregunten a un francés, un inglés o un alemán qué pasaría en sus países si el paro pasase del 25% y el juvenil superase el 50%. El Gobierno aprieta las tuercas porque está en su ADN autoritario y porque sabe que todavía quedan curvas: que los recortes sociales no han terminado, que nuevos casos de corrupción aflorarán pronto, que el desgaste en las encuestas del Gobierno más impopular de la democracia aún no ha tocado fondo. Su mayoría absoluta no tiene oposición parlamentaria y ahora quieren reprimir la oposición de la calle.