La Renta Garantizada de Ciudadanía se hace realidad

Bajo el lema “Rescatemos a las personas” la Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) inició su andadura el 14 de septiembre de 2011.

Seis años después, esta iniciativa convertida en Ley tras ser aprobada por unanimidad en el Pleno del Parlament celebrado el 12 de julio, comienza su implementación este 15 de septiembre.

La lucha contra la pobreza y por la cohesión social en Catalunya da un gran paso. Todas las personas y familias que no tengan ingresos, o bien sean inferiores al umbral de la RGC establecido por la propia ley, tendrán derecho en 2017 a una prestación económica de 564 euros/mes para una persona, con un tope familiar de 1.071 euros/mes, y en abril de 2010, alcanzará 664 euros/mes para una persona, y un tope familiar de 1.208 euros/mes.

La cuantía de esta prestación es una gran mejora respecto de las cuantías de la Renta Mínima de Inserción, 423 euros/mes para una persona y un tope familiar con la suma de complementos de 650 euros/mes.

Pero la prestación de la RGC, por su carácter de derecho subjetivo, no condicionado por los presupuestos, da cobertura social a una población mucho mayor que la RMI (la cual queda derogada). Todas las personas que perciban pensiones no contributivas de pensión e invalidez, o bien prestaciones y ayudas sociales del estado de desempleo, subsidio, Plan Prepara, etc., también tendrán derecho al complemento hasta alcanzar el umbral que establece la RGC, siempre que reúnan el conjunto de requisitos que establece la ley. También podrán acceder a la RGC las familias monoparentales con hijos a cargo que tienen un contrato a tiempo parcial de cuantía inferior al de la RGC, y posteriormente se generalizará a todas las personas y familias con contrato a tiempo parcial que cumplan los requisitos.

Una larga y exitosa lucha

Conseguir este gran derecho social no ha sido fácil, como se desprende del largo tiempo transcurrido en su tramitación. Tuvieron que superarse grandes obstáculos, como el informe de oposición del gobierno de Artur Mas a su admisión como Iniciativa Legislativa Popular, los retrasos ocasionados por prácticas dilatorias parlamentarias, los aplazamientos como consecuencia de dos adelantos electorales y el prejuicio ideológico conservador contra esta propuesta de ley.

Sin embargo, gracias a la conciencia solidaria y la gran sensibilidad social de la mayoría de la ciudadanía en Catalunya, al amplísimo apoyo y colaboración de numerosas entidades sociales, cívicas y políticas, de las mociones de apoyo de más de 52 ayuntamientos que representan una gran mayoría de la población de Catalunya, a las tres marchas de trabajadores y trabajadoras sin empleo, dos huelgas de hambre en 2013 y 2016, foros, debates, declaraciones, etcétera, se crearon las condiciones que culminaron en el acuerdo entre Gobierno y Comisión Promotora, y el voto unánime del Parlament.

Somos conscientes de que este derecho social deberemos defenderlo ante cualquier amenaza de recorte en el futuro. En lo inmediato, que la ley se implemente en su totalidad, especialmente entre las personas y familias con contrato a tiempo parcial, y promover la actualización del IRSC de Catalunya, congelado desde 2010.

En esta tarea contamos con la amplia unidad social, cívica y política forjada en esta larga y exitosa lucha.