Regreso a la España en blanco y negro
Francesc Vallès
Profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona
FRANCESC VALLÈS
En nuestro país la policía y el Ministerio del Interior tienen como principal misión garantizar nuestra seguridad y el respeto a nuestros derechos y libertades, siempre respetando la legalidad y el Estado de derecho.
El ministro del Interior puede reunirse con quien estime oportuno en el ejercicio de sus competencias y obviamente, también, con el máximo responsable de la Oficina antifraude de la Generalitat de Cataluña. Esto forma parte del ámbito del normal desarrollo de las relaciones institucionales en un estado democrático y de derecho.
Por ello lo preocupante de la reunión entre el ministro del Interior y el director de la Oficina antifraude, no es el encuentro en sí mismo, sinó que de él surjan indicaciones del ministro para que la Oficina investigue selectivamente a adversarios políticos, se dispongan medios y recursos policiales para conseguirlo y se elaboren estrategias político-gubernamentales para articularlo en función de la oportunidad política de cada momento.
Las conversaciones privadas deben tener siempre esa consideración. Pero el problema es que ésta se produce en la sede del ministerio y por lo tanto tiene carácter institucional. Por eso lo que ahí suceda no puede tener carácter privado, sino que es y debe ser siempre público y, por lo tanto, está sujeto a la fiscalización y al control. Y más cuando el ministro Fernández Díaz ya tiene antecedentes recientes de reuniones comprometidas en ese mismo despacho. Sin ir más lejos, la que también trascendió que tuvo con el ex-vicepresidente económico del gobierno Rodrigo Rato, hace apenas un año. Una reunión con una persona de su mismo partido político e investigada por presunto blanqueo de capitales. De ahí que toda sospecha de orientación selectiva y arbitraria de los recursos policiales para combatir la corrupción atendiendo a prioridades y motivaciones políticas hace un daño irreparable a la credibilidad de nuestras instituciones democráticas.
La utilización política de los recursos de nuestro estado derecho no solo es repugnante y siniestro desde un punto de vista democrático, sino que es preocupante desde el punto de vista de la estabilidad y del respeto de la dignidad de nuestras instituciones. Lo sucedido es propio de un estado dictatorial y nos devuelve a la España del franquismo, a la España en blanco y negro contra la que tanto luchamos.
Cualquiera que haya participado por activa o por pasiva en una operación de estas características, incluso aquel que la relativice o la justifique debería estar inhabilitado automáticamente para poder ejercer ningún cargo público y mucho menos, estar al mando de la seguridad de este país. En caso contrario la calidad de nuestra democracia y nuestra confianza en ella se resentirá un poco más.
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