Editorial
La regresión social
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.
A la vista de los primeros anuncios de los ministros en cuestiones sociales, el PP se ha propuesto erradicar los avances que en materia de derechos cívicos significó la primera legislatura del Gobierno de Zapatero. No de otro modo puede interpretarse la intención del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de revocar la regulación del aborto del 2010, una ley de plazos, y volver al texto de 1985, con cambios que apuntan a mayores restricciones para abortar.
En principio, parecía que el PP iba a contentarse con eliminar de la ley actual la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años aborten sin consentimiento paterno, punto ciertamente discutible, pero esa idea se ha abandonado y no solo se rechaza la ley de plazos -lo que no estaba en el programa electoral-, sino que se cuestiona el texto de 1985, que no fue revisado durante los ocho años (1996-2004) de gobierno de José María Aznar. La revisión la impulsa un ministro de Justicia deseoso de apuntarse tantos en los sectores más ultramontanos del PP, cuando la regulación del aborto depende especialmente del Ministerio de Sanidad. Gallardón, además, presupone que la ley de plazos es inconstitucional, sin esperar la sentencia del alto tribunal.
Cuando Gallardón afirma que la ley de 1985 tenía «defectos» que es preciso corregir no hay que ser un lince para pensar que se está refiriendo al tercer supuesto -grave peligro para la salud física o psíquica de la madre-, que se había convertido en un coladero en el que entraban el 95% de los abortos practicados antes de la reforma de Zapatero. Y, a la vista de los argumentosprovidaque utiliza y de la insistencia en los derechos del concebido, la reforma solo puede ser una contrarreforma, es decir, una regresión a la situación anterior a 1985. Más de un cuarto de siglo.
La involución se expresa también en la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, sustituida aparentemente por otra similar denominada Educación Cívica y Constitucional. Lástima que para justificar la eliminación por su supuesto «adoctrinamiento» el ministro José Ignacio Wert citara ayer extravagantes ejemplos de un libro que nunca ha sido utilizado como manual en esa polémica materia, sino que fue escrito para combatirla.
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