Reforma y calidad de la Administración

¿Tienen sentido las administraciones supramunicipales en un Estado fuertemente descentralizado? Yo creo que no. El Estado español es uno de los más descentralizados de Europa en cuanto a la Administración pública y a los servicios, independientemente de que queramos y podamos avanzar mucho más en descentralización política. En cambio, la Administración local dispone de dos niveles de cooperación obligatoria dotados -al mismo tiempo- de estructura política: las diputaciones y los consejos comarcales. Y sobre el papel (en las leyes) hay un tercer nivel: las veguerías, si bien es cierto que -también sobre el papel- estas suponen la eliminación de las diputaciones.

INTENTAREMOS llegar a la conclusión mencionada al inicio con razonamientos políticos y también de eficiencia y eficacia administrativas. En cuanto a la política, la tendencia actual de avance en la calidad democrática debe materializarse en maximizar la elección directa de los cargos políticos y reducir las administraciones de segundo grado (las de elección indirecta). La calidad democrática hoy se medirá -entre otros indicadores- por la reforma del Estado y la Administración: habrá que superar el paradigma «modernización de la Administración» (vigente desde finales del siglo XX) y volver a la «reforma del Estado y de la Administración», conceptos que se utilizaban en la transición.

El ciclo pendular reforma-modernización debe volver a la posición de reforma. Así nos lo exige la sociedad actual. Otros indicadores de calidad democrática serán los niveles que lograremos alcanzar en las leyes de transparencia y en la legislación electoral. Serán el termómetro del acercamiento de la política al ciudadano y medirán los niveles de control y participación en los asuntos públicos.

Pero volvamos a la reforma del Estado y, específicamente, de la Administración local. Las medidas anunciadas hasta ahora por los gobiernos del Estado y autónomo son regresivas y conservadoras, respectivamente, pero en ningún caso reformistas. Desde el Estado se intenta eliminar el concepto de gobierno y competencias municipales. Desde la Generalitat se vela por las competencias autonómicas sobre la legislación y la gobernanza local sin entrar en la necesaria reforma y avance del mundo local.

Hoy no se pueden mantener estructuras administrativas como las diputaciones (o veguerías) y los consejos comarcales para aportar un valor muy reducido al territorio y a la ciudadanía, cargándolos de estructuras pesadas gobernadas desde elecciones de segundo orden y, por tanto, con un control débil e indirecto por parte de los ciudadanos.

Vamos ahora al mundo cuantitativo: por cada 100 euros gestionados desde la Administración local, el ayuntamiento gestiona 82, la diputación 13 y el consejo comarcal 5. Además, una parte significativa de estos recursos se gastan en la gestión de los mismos; es decir, en la estructura de las entidades. Es entonces cuando tiene total sentido plantearse si hay que mantener estructuras administrativas pesadas como diputaciones o consejos comarcales para prestar servicios adicionales al ciudadano con valores añadidos inferiores a este 13% y 5%, respectivamente. O al contrario: es mejor reforzar los ayuntamientos haciendo que el conjunto de los servicios locales los presten solo los municipios, directamente o mediante mancomunidades voluntarias de servicios públicos cuando la eficacia y la eficiencia del servicio lo requiera.

EN TIEMPOS de recortes, es decir, de reducción de servicios, es preferible basar la estrategia reformista en mantener servicios y adelgazar estructuras que disminuir servicios manteniendo las mismas estructuras e instituciones. No reformaremos la Administración haciendo nuevos procedimientos y procesos: esto es modernizar, no reformar. Una sociedad en profundo cambio como la actual requiere cambios y reformas del Estado de acuerdo con las nuevas aspiraciones y necesidades de los ciudadanos.

Tampoco podemos caer en centrar las reformas solamente en la Administración local, sino que hay que pensar en el Estado y la Generalitat. En el Estado hay que reducir o eliminar todos aquellos ministerios y organismos con competencias transferidas. Y por lo que respecta a la Generalitat, copió casi miméticamente la estructura del Estado.

Hay que abordar seriamente la reforma de la Administración, así como las aportaciones legislativas que garanticen el marco democrático de participación y control: las leyes electorales y de transparencia. La sociedad actual nos lo exige.