Referéndum y política

A dos meses del primero de octubre, ya está claro que no se celebrará ningún referéndum. El simple anuncio del mismo, que aún no ha sido convocado en forma, ha propiciado una verdadera cascada de dimisiones en el Gobierno de la Generalitat, provocando la más importante y escandalosa crisis gubernamental desde que Catalunya recuperó su autogobierno. Un autogobierno traído por el Rey y el presidente Suárez desde antes de que pudiéramos convertirnos en un Estado de derecho y que propició el añorado 'president' Tarradellas, verdadero hombre de Estado, fiel y leal a Catalunya y a la legalidad rota durante la guerra civil.

La denominada "astucia" política, el secretismo y la ocultación al Parlament de Catalunya -es decir, a todos nosotros- de las leyes que hipotéticamente deben aprobarse mediante la aberración jurídica de la lectura única, difícilmente la sociedad catalana lo puede tolerar. El uso de los fondos públicos de los que dispone la Generalitat fruto de los impuestos de los ciudadanos para contravenir la ley es un fraude y un delito. El gran jurista catalán del siglo XV, Narcís de Sant Dionís, a propósito de cómo debía comportarse el príncipe, es decir, la única y real autoridad política de entonces, dijo: "'princeps debet habere omni tempore perfectam et veram locutionem ut quaelibet se possit fidere in eo'" (el príncipe debe tener en todo momento perfecta y clara palabra, para que pueda ser creíble).

ERRORES COMETIDOS

Hora es de abandonar ese camino que una democracia no puede ni debe permitir. Y momento es, también, de que por parte del Gobierno central se reconozcan los muchos errores cometidos en estos últimos años, del que son responsables los partidos políticos que se han turnado en el poder respecto al trato dado a Catalunya, a su inalienable derecho reconocido en la Constitución española, cuya lectura a la luz de su extraordinario Preámbulo no deja lugar a dudas: "(…) Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones".

Así pues, la nacionalidad catalana no nace de la Constitución, como muchos pretenden ignorando nuestra historia, sino que está protegida y amparada en la Constitución porque existe. Ya en la Constitución española de 1812, a la que Catalunya tanto aportó, el concepto de las Españas recogía la suma de nuestras diversidades y la grandeza de nuestra patria común.

Ese es el único camino que nos permitirá continuar todos juntos, estrechando nuestros lazos afectivos. No solo en Ultramar, como en aquella Constitución se denominó a aquella parte de España y donde todos los que habitamos en esta península tenemos o hemos tenido familia, sino también en Europa, patria natural y común de todos los que vivimos en su pequeño pero inmenso territorio de historia y cultura a la que ya, jurídica y políticamente, estamos subordinados para crear un espacio común de progreso y bienestar social.