LA CLAVE

Recortes educativos selectivos

La derivación de fondos para guarderías a la escuela concertada, más allá de su legalidad, confirma que la Generalitat procuró protegerla de los ajustes

Una madre muestra a la 'consellera' Rigau una camiseta reivindicativa, ayer en Lleida.

Una madre muestra a la 'consellera' Rigau una camiseta reivindicativa, ayer en Lleida.

ENRIC HERNÀNDEZ

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Al llegar en plena crisis a la Generalitat, Artur Mas recurrió al manual del gobernante en apuros: esgrimió la clásica 'herencia recibida' para justificar la drástica reducción del gasto social. De la mano del PP, el 'president' se amparó en el 'diktat' de la austeridad con espíritu redentor: los recortes eran indispensables para salvar en lo posible el Estado del bienestar en Catalunya, que recobraría su fulgor en cuanto la economía tomase renovados bríos.

Pero, tras la célebre Diada del 2012, Mas sustituyó las tijeras por la estelada, y el neoliberalismo, por el independentismo. La austeridad ya no era un sacrificio necesario y temporal, sino un castigo impuesto a los catalanes por un Estado que los expolia, amén de negarles sus más básicos derechos porque no cree en la democracia. Y así, hasta hoy.

Luego se han conocido detalles de aquellos ajustes, no tan equitativos e indoloros como se pregonaba. Así, los actuales responsables de Salut sostienen que las privatizaciones encarecieron un 12% las operaciones quirúrgicas. Y también hemos constatado el carácter selectivo de algunos de los recortes educativos

SEGREGACIÓN SUBVENCIONADA

Del 2010 al 2015, los presupuestos de Ensenyament experimentaron una disminución del 16,5%: unos 1.000 millones de euros. Pero los pagos a las escuelas concertadas solo se recortaron un 4,6%, pasando de 1.070 a 1.020 millones. Subvenciones que, por cierto, benefician por igual a los colegios laicos, a religiosos mixtos y a centros elitistas que, en nombre de la libre elección de los padres, siguen segregando a los alumnos en función del género.

El último dato conocido, desvelado en este diario por María Jesús Ibáñez, es que, según certifica  ante la justicia la directora de servicios, Ensenyament transfirió a la concertada 81,7 millones destinados a guarderías municipales, que cubrió la administración local. Jurídicamente, el juez deberá analizar si ese desvío de fondos conculcó el artículo 42.2 de la ley de finanzas públicas. Pero políticamente es elocuente que el Govern, temeroso del desgaste que podía conllevarle, ocultara ese trasiego de recursos hacia la privada. La comunicación, ahí, también fue selectiva.