Recentralizar el Tercer Sector

Legislar a nivel estatal sobre el Tercer Sector Social y el Voluntariado, sin abordar los problemas de verdad que limitan y dificultan la capacidad de iniciativa social que tiene el tejido asociativo, tiene toda la pinta de convertirse en una sutil manera de reforzar el proceso de recentralización que el Gobierno del PP está promoviendo en esta legislatura, especialmente en el campo de las políticas sociales. Un planteamiento de los populares que, en los mejores de los casos, ha encontrado una tibia respuesta en los partidos oficialmente de izquierdas, cuando no una total complicidad. El afán uniformizador y homogenizador es muy transversal a las Españas.

Justamente por ello nos ha llevado a presentar las correspondientes enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley del Tercer Sector y el Voluntariado que el Gobierno aprobó hace unos días y que ahora han iniciado su tramitación en las Cortes Generales. Unas enmiendas a la totalidad que nadie puede interpretar de manera equívoca; hemos sido probablemente el grupo parlamentario más activo en defensa del Tercer Sector durante esta legislatura; hemos reclamado políticas y medidas concretas que apoyen las iniciativas sociales de la sociedad civil: proposición de ley mecenazgo, proposición de ley de creación de un Fondo de apoyo al Tercer Sector, proposición de ley de cláusulas sociales para reconocer las empresas sociales, proposición de ley para reconocer los emprendedores sociales, proposición de ley para territorializar la gestión del 0,7 del IRPF para fines sociales y ambientales, interpelación para eximir a las entidades pequeñas de las nuevas obligaciones en materia tributaria, interpelación que reclamaba una política global de apoyo del Tercer Sector, por citar sólo algunas.

Pero ciertamente hemos presentado unas enmiendas a la totalidad para denunciar este nuevo paso recentralizador que el Gobierno del Estado nos quiere imponer. Medidas que tienden a reforzar las estructuras estatales del tercer social y el voluntariado pero debilitan el desarrollo y el fortalecimiento de la iniciativa social de ámbito catalán o local, olvidando que es desde la proximidad a la gente donde el tercer sector y el voluntariado tienen toda su razón de ser. De lo que se trata es de preservar y fortalecer el modelo catalán de iniciativa social, con una larga tradición, un fuerte arraigo social y muy pegado a la realidad.

En cualquier caso, queremos aprovechar el trámite parlamentario para plantear una batería de propuestas y demandas que nos parecen claves para fortalecer nuestra trama asociativa y que, hoy por hoy, dependen de Madrid: medidas para facilitar la creación de empleo, incremento los incentivos fiscales para las donaciones de empresas y personas y exclusión de las pequeñas entidades de obligaciones fiscales innecesarios, medidas que faciliten la concertación con las entidades para gestionar los servicios sociales y acabar con la discriminación que supone la exclusión IVA en la contratación pública, cláusulas sociales para favorecer la contratación de las entidades que dan trabajo a las personas en riesgo de exclusión, adaptación de la ley general de subvenciones y de la ley de la transparencia a la realidad del tejido asociativo, incluir las subvenciones en los mecanismos de financiación de la deuda a los proveedores de las administraciones públicas, facilitar los procedimientos de declaración de la utilidad pública, ... una agenda imprescindible y que, desgraciadamente, las leyes del gobierno español no plantean.

Tenemos un compromiso político muy claro con las entidades sociales; en la medida en que un rasgo esencial que nos define como país es esta enorme capacidad de la ciudadanía de implicarse en lo que es de todos mediante un denso y rico entramado asociativo. Históricamente, el catalanismo político ha hecho bandera de defender la iniciativa de la sociedad ante el intervencionismo de la izquierda y la derecha. Un tercer sector social, por otra parte, que ha jugado un papel fundamental en la extensión del Estado del Bienestar y que a la vez ha sido una de las redes de seguridad más relevantes para miles de familias durante estos años tan duros, expresando el compromiso solidario y fraternal de la ciudadanía. Un tercer sector, que en última instancia, hace comunidad y refuerza el capital social que hace de la democracia una realidad más vibrante y rica. Un tercer sector y un voluntariado pues que forman parte y definen nuestra realidad nacional, una determinada manera de ser, vivir y convivir.

Post publicado en el blog de Carles Campuzano