Unas horas después de que el Parlament aprobara los presupuestos generales de la Generalitat para el 2012, el Govern anunció ayer que rebajará un 3% el salario de los 165.000 funcionarios catalanes. Será de forma temporal y no se consolidará, es decir, que no contará para el ejercicio próximo. Eso no quiere decir, sin embargo, que a lo largo del año no haya otro ajuste ni que pueda descartarse una medida similar en el 2013. De hecho, la vicepresidenta Joana Ortega no lo hizo. Y, además, los sindicatos calculan que la rebaja será extensiva, como permiten los nuevos presupuestos, a las empresas públicas y las concertadas, lo que elevaría el número de afectados hasta el medio millón de personas.

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Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 18 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La medida persigue un nuevo ahorro en las nóminas públicas -180 millones de euros anuales- que se suma a la rebaja del 5% aplicada en el 2010 para toda España por el Gobierno central. Los sindicatos se quejan porque los recortes salariales, la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y la aplicación de los aumentos del nuevo impuesto sobre la renta tendrán una repercusión negativa de entre el 12% y el 18% en sus nóminas. Un efecto que será mucho mayor entre los interinos, que ya habían perdido un 15% de jornada y de sueldo.

Las administraciones, tanto la central como la autonómica, están aplicando a sus costes salariales los mismos remedios que las empresas. En el sector privado, cuando una compañía tiene problemas lo primero que hace es tratar de reducir costes, entre ellos los salariales. El sector público no solo comparte sus apuros, sino que quizá por primera vez en nuestra historia se sitúa en el centro de la crisis debido a los problemas específicos de la deuda soberana.

La forma de poner en marcha medidas tan drásticas como la anunciada ayer por Joana Ortega, sin negociación con sus empleados, responde a las propias características de la función pública y a la inexistencia del despido, lo que de alguna forma compensa. No obstante, la Administración debería incluir esas decisiones, aunque sean temporales, en un plan más global de mejora en la eficiencia de su propio funcionamiento y que incluya un proyecto de futuro, tanto en una situación de crisis como en la de normalidad.