El equipo del (des)gobierno

Florentino Pérez ha ganado, por incomparecencia, las elecciones a la presidencia del Real Madrid, lo que le permitirá gobernar desde hoy y durante cuatro años más la institución sin el engorro de una oposición organizada y visible. Es la segunda ocasión consecutiva en que esto sucede, después de su victoria en 2009.

Sin embargo, los resultados deportivos y la convulsión social que han marcado la temporada que ahora finaliza no parecen encajar demasiado bien con esta elección por aclamación. Todavía menos cuando una de las funciones de las elecciones debería ser la accountability, o sea, permitir a gobernados y gobernantes ajustar cuentas por las responsabilidades contraídas por estos últimos.

¿Es esto el síntoma del algún déficit democrático en el club madridista? ¿Es puntual o estructural? ¿Es exclusivo del Real Madrid?

El déficit democrático no sólo existe, sino que se acrecienta con el paso del tiempo. No tanto por el lado de la demanda --todos los socios del Real Madrid, si no están explícitamente privados de ello, tienen garantizado su derecho de voto-- sino por el de la oferta: no es verdad que cualquier socio de la entidad tenga las mismas posibilidades de ser elegido.

Y esto es así porque los propios estatutos del club imponen varias limitaciones; algunas aparentemente menores --"ser español"-- y otras que no son baladíes en absoluto. Quien quiera ser candidato deberá haber sido socio de manera ininterrumpida durante los últimos veinte años y avalar personalmente el 15% del presupuesto anual del club --que ronda ya los 500 millones de euros--. Salta a la vista que muy pocos socios están en disposición de satisfacer simultáneamente ambas condiciones.

Antes de que el lector caiga en la tentación: el Barça no debería mirar por encima del hombro a su gran rival, ya que hasta en cuatro ocasiones --la última, Laporta en 2006-- ha escogido presidente sin necesidad de celebrar elecciones. Y tampoco le va a la zaga en cortapisas democráticas: con mandatos incluso más largos, de seis años al adaptarse a la legislación catalana, a la exigencia legal de avalar el 15% del presupuesto se añade la necesidad de conseguir el apoyo de un nada despreciable número de socios --en las últimas elecciones, 2.095 firmas válidas--.

En ambos casos, ser elegido es una carrera de obstáculos que no todos los socios enfrentan en igualdad de condiciones, reduciendo los presidentes potenciales a un número muy pequeño de personas de quien se puede deducir una extracción social, demográfica y económica en absoluto representativa de la masa social de clubes tan multitudinarios y transversales como Real Madrid y Barcelona.

Tanto un caso como el otro, al alienar a los clubes de las comunidades de referencia a las que solían pertenecer, suponen un retroceso democrático incuestionable que contradice, además de al sentido común, a las recomendaciones del Parlamento Europeo recogidas en el llamado Informe Fisas, favorable a la apertura de los clubes a la participación de sus aficionados en su propiedad y gestión.

Con todos sus peros, sin embargo, este tipo de elección sigue siendo la excepción democrática entre los equipos de la Liga de Fútbol Profesional: desde 1992, la mayoría de clubes son sociedades anónimas deportivas y su gobernanza contradice todavía más las intuiciones democráticas de los aficionados, ya que no sólo el voto de todos los socios no vale lo mismo, sino que la condición de socio ni tan siquiera concede el derecho formal de voto. Esto provoca situaciones aparentemente incomprensibles como la que se dio en las recientes elecciones a la presidencia del Espanyol, cuando la mayoría de los votantes pedían a gritos la dimisión del presidente electo sólo segundos después de que lo fuera por una mayoría incontestable de votos.

A diferencia de los clubes deportivos estadounidenses, que se deben sólo a sus accionistas y a la persecución de beneficios económicos, los europeos deben satisfacer a un conjunto de intereses diversos y, a veces, incluso contrapuestos. Intereses sostenidos por actores que, como los aficionados de a pie y en algunos casos hasta los socios, a menudo ni siquiera tienen ningún tipo de derecho formal sobre la institución.

Esto puede explicar, en parte, las disfunciones democráticas que acabamos de ver. Pero no justifica que esta complejidad, como denuncia la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español, no se haya querido afrontar con mayor democracia sino con la progresiva desaparición de ésta.

Carles A. Foguet (@hooligags), politólogo y miembro del colectivo Cercle Gerrymandering