Rato, de nuevo en el ojo del huracán

La investigación por el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) de las actividades económicas del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato es un hecho de una enorme gravedad, que supone un salto cualitativo en lo que respecta al (presunto) incumplimiento de la ley por parte de un responsable público en España. Aun con las debidas prevenciones a que obliga la falta de detalles, que un organismo dependiente del Ministerio de Economía tenga indicios de que Rato blanqueó dinero en paraísos fiscales incrementa la justa indignación de los ciudadanos españoles. Porque estamos hablando de quien fue uno de los vicepresidentes de Aznar y director gerente del FMI, paladín de la ortodoxia financiera y de los dolorosos recortes para cuadrar las cuentas públicas.

La investigación en curso se deriva de la amnistía fiscal aprobada en el 2012 por el Gobierno del PP. Aquella operación, criticada por lo que implicaba de perdón para quienes habían incumplido la ley, reportó ingresos modestos al erario (1.200 millones de euros, la mitad de los previstos) pero permitió identificar bienes en el extranjero de ciudadanos españoles. Y ahora se sospecha que Rato usó sociedades instrumentales en paraísos fiscales para ocultar bienes que son producto, al parecer, de su actividad personal más que de la de su adinerada familia.

Esta investigación se suma a las tres que la justicia ya tenía abiertas sobre Rato: por el sospechoso cobro de 6,2 millones de la compañía inversora Lazard tras su marcha del FMI, por la salida a bolsa de Bankia (está imputado por estafa y falsedad documental) y por apropiación indebida en el caso de las tarjetas opacas de la misma entidad, que presidió en su etapa más convulsa. Una carga que empieza a ser abultada incluso para un hombre ducho en los entresijos del poder como el exvicepresidente.

Pero Rato es solo el único nombre conocido hasta ahora de una lista de 705 exaltos cargos y servidores públicos en su misma situación. Estamos en los inicios de un fenomenal escándalo, y la incógnita es cómo administrará el Gobierno la publicidad de nuevos nombres. La proximidad de las elecciones permite todas las especulaciones sobre espurios intereses partidistas, pero la única certidumbre es que quien ha incumplido las leyes fiscales debe pagar por ello.