Editorial

Rajoy, acuciado, afronta la corrupción

Las medidas que propone el presidente son lógicas, pero es imprescindible aplicar mano férrea y no tener actitudes tibias

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Le ha costado tres años dar el paso, pero finalmente el presidente del Gobierno ha articulado un discurso contra la corrupción que parece presidido por la asunción, por fin, de la gravedad del problema. La comparecencia de ayer de Mariano Rajoy en el Congreso debería marcar un antes y un después en la política española, aunque la experiencia indica que es pronto para dar por sentado que será así y que habrá que esperar que las contundentes palabras se conviertan en no menos contundentes hechos.

Es probable que la inclusión judicial, conocida el lunes, de la ministra Ana Mato entre los beneficiarios de la trama Gürtel haya obligado al jefe del Ejecutivo a ser más osado de lo que preveía. Pero hay que celebrar los compromisos, ya conocidos en su mayoría, que adquirió ayer desde la tribuna del Congreso: limitar las donaciones a los partidos, imponer la mayor transparencia de las mismas y la publicidad de los ingresos de los cargos públicos y de las cuentas de las fuerzas políticas, endurecer el castigo de los corruptos, ampliar los plazos de prescripción de sus delitos o fijar medidas para asegurar que quien ha robado devuelva el dinero son iniciativas con las que todos podemos estar de acuerdo. Llama la atención una propuesta estrictamente política como la obligación de que los partidos renueven sus órganos de dirección cada cuatro años y garanticen fórmulas de participación democrática de sus militantes. Que Rajoy abogue por algo así es un reconocimiento implícito de que los partidos sufren una esclerosis grave y de que el enquistamiento de dirigentes es no solo síntoma de mala salud democrática sino un riesgo para su integridad personal.

El Gobierno se propone que estas medidas entren en vigor a inicios del 2015. Y está en su mano cumplirlo al disponer de mayoría absoluta, aunque lo mejor sería un pacto lo más amplio posible, al que el PSOE ya se ha negado al entender que el presidente no tiene credibilidad para liderar la lucha contra la corrupción. Porque su prolongada parálisis en este terreno debe obligarle a un esfuerzo extra. Que culmine con éxito entraña un interés partidista cara a sus expectativas electorales, pero sobre todo es imprescindible para devolver credibilidad a un sistema muy erosionado. La sociedad española exige mano férrea contra la corrupción y ya no valen ni actitudes tibias ni viejas respuestas.