Si nos atenemos a lo que se ha estado oyendo hasta el último momento, diríamos que nos encontramos ante un impuesto nada querido: «Indignación»; «locura»; «impuesto revolucionario»; «aberración e injusticia»; «otro más de la multimposición»; «improvisación»; «poca sensibilidad del Gobierno». De hecho, los dos grandes recaudadores de la tasa turística siguen mostrándose contrarios: los hoteleros la asumen «a regañadientes»; y las navieras, las consignatarias y las empresas receptivas amenazan con desviar cruceros.

NUALART

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Información publicada en la página 10 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 30 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Cuando el 1 de noviembre entre en vigor la tasa turística, Catalunya se convertirá en la primera autonomía española que afronta con mayor o menor efectividad un tema que planteado hace unos años, en los de las vacas gordas, hubiera significado un paso decisivo hacia la modernidad. Veremos en pocos meses cómo el resto de las autonomías se pone en fila para implantarla. En el turismo existen cuatro grandes agentes: los que producen servicios; los ciudadanos; los turistas; y las administraciones que ordenan. Los productores de servicios turísticos catalanes (y españoles) sostienen en general desde siempre que esta tasa encarece su producto y desviará clientes a otros lugares más baratos. Esta actitud favorece el equilibrio imperfecto del negocio turístico; estos agentes no se atreven a aumentar precios, aunque sea recaudando el impuesto y trasladándolo a los clientes. Pues bien, hasta la implantación del impuesto turístico son los ciudadanos de cada población o destino turístico los que les subvencionan. ¿Por qué tienen los ciudadanos que financiarles y en cierto modo ser rehenes de los productores de servicios? Los turistas -en cuyo nombre hablan más los otros en vez de consultarles directamente- están demostrando una comprensión extrema con la implantación de tasas en todo el mundo siempre y cuando redunden en la sostenibilidad, mejoren las infraestructuras y la calidad de la oferta. Invocamos el caso de Francia, pero podríamos hacer lo mismo refiriéndonos a la tasa suiza o austriaca. La implantación de la taxe de séjour no ha supuesto ninguna queja en los últimos 30 años; al contrario, según nos confirman los expertos que la aplican y los municipios que la implantan, los turistas son extraordinariamente comprensivos con los aumentos de precios y aprecian enormemente que se asocie la tasa a los beneficios medioambientales.

Con la implantación se han mezclado demasiadas cuestiones. La primera, que se aplica injustamente. Es verdad que los hoteleros reciben el impacto mayor como consecuencia del control que existe sobre las plazas hoteleras. Es justo el momento de implicar a los ayuntamientos en la detección del fraude de decenas de miles de apartamentos turísticos y de otras camas que se alquilan ilegalmente. Si las policías municipales detectan inmediatamente una obra menor en un piso, tan fácil les resultaría controlar el flujo de los alquileres ilegales; a cambio, sus municipios se beneficiarían en mayor cuantía del nuevo impuesto. La práctica acabará dando una curva de experiencia para implicar de forma más ecuánime a todos los que llegan a un destino; pero este no puede ser un argumento en contra de la tasa turística. ¿Hay que esperar a hallar la fórmula perfecta para equilibrar las aportaciones de cada partner?

La segunda cuestión. ¿A qué se dedicarán los ingresos? La ley catalana aporta la mejor literatura jurídica hasta este momento: al fomento del turismo, a las políticas de promoción, a la preservación y al desarrollo de las infraestructuras y a actividades turísticas. Es decir, directamente a la mejora del territorio y del patrimonio. La fórmula 66%-34% Generalitat/municipio y 70%-30% Generalitat/ Barcelona aparece como menos injusta que la mejor tasa, la francesa.

Y la tercera. ¿A qué dedicarán los ayuntamientos los nuevos recursos? La autonomía municipal no permite por el momento que la ley vaya más allá, pero la sensatez -incluso en momentos de grave penuria- permite asegurar que no va a defraudar en su aplicación. En cualquier caso, la práctica permitirá también corregir las desviaciones que aparezcan.

Nuestra particular apreciación sobre el montante global del nuevo impuesto finalista se acerca más a los 100 millones que recogen los Presupuestos de la Generalitat que a los 50 que publicita. Sea cual sea la cantidad final recaudada, Catalunya, uno de los países turísticos más destacados del mundo, entra en la modernidad, se dota de un instrumento indispensable de política turística y ajusta aportaciones de cada partner. El impuesto va a ayudar a depurar en gran manera la oferta improductiva para la que unos céntimos de euro suponen la ruina, favoreciendo la competitividad de los más esforzados. Catedrático de Esade.