¿Quién politiza la justicia?

"¿Quién judicializa la política?" se preguntaban en este mismo periódico dos abogados firmantes del Manifiesto Libertad el pasado 25 de abril, en un artículo donde acusaban al colectivo Drets de haber interpuesto la querella contra ocho magistrados del Tribunal Constitucional (TC) "de forma instrumental y sin más intencionalidad que la político-mediática".

Hagamos memoria. La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional fue aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP por el trámite de urgencia y en lectura única un mes antes de acabar la legislatura, y consiguió que el TC dejara de ser únicamente un tribunal o árbitro de leyes -que era como lo había configurado la Constitución- para pasar a tener una amplia capacidad ejecutiva de sus propias resoluciones, ya sea a petición de las partes o bien de oficio (desde imponer multas hasta 30.000 euros hasta suspender funciones de políticos, jueces, empleados públicos, etcétera). Esta reforma hizo saltar todas las alarmas jurídico-políticas tanto nacionales como internacionales, y es por eso que desde el colectivo de juristas Drets optamos por interponer una querella ante el Tribunal Supremo. 

ALTERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE PODERES

Avalaban nuestra decisión todos los grupos parlamentarios de la oposición del Congreso de Diputados, que votaron en bloque en contra, también los tres magistrados que dictaron votos particulares contundentes alertando de que las dos sentencias dictadas por el TC desestimando los recursos del Gobierno vasco y el Gobierno catalán fueron motivadas "consideraciones extrajurídicas", también se opuso a la reforma la mayor parte de la comunidad jurídica (catedráticos, constitucionalistas, ex magistrados, exletrados del TC, abogados, etcétera), que expresó públicamente que la reforma alteraba la división de poderes y vulneraba las garantías del Estado de derecho, e incluso hubo reacciones internacionales como la del propio Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia. 

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Somos muchos los juristas que opinamos que es extremadamente grave que, en virtud de sus nuevas competencias, el TC pueda imponer de oficio, sin que nadie se lo pida, multas coercitivas y reiteradas a autoridades, empleados públicos o particulares de 30.000 euros en 30.000 euros, suspender las funciones del presidente del Gobierno, de las comunidades autónomas, los Parlamentos, alcaldes, o jueces, u ordenar al Gobierno que emprenda medidas para cumplir sus resoluciones, y todo eso sin ningún tipo de procedimiento legalmente previsto, ni garantía ni control. Ante esto nos preguntamos: ¿quién controla al controlador? ¿Qué poder del Estado controlará la capacidad coercitiva y ejecutiva de un TC atrincherado detrás de su poder? 

DAMNIFICADO TODO EL PODER JUDICIAL

Aquí radica el origen de la querella interpuesta por el colectivo Drets. Como juristas comprometidos en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos -piensen como piensen, hablen como hablen, y vengan y de donde vengan- nos hemos visto en la obligación de dar una oportunidad al Tribunal Supremo para que pueda expresarse sobre esta cuestión, ya que el primer damnificado de esta reforma del TC es todo el poder judicial, al que se toma la capacidad constitucionalmente prevista de "juzgar y poder ejecutar lo juzgado" que tenía de forma exclusiva a través de los juzgados y tribunales determinados en las leyes. 

El poder legislativo, amparado por la mayoría absoluta del PP, ha optado conscientemente por reformar la Constitución de manera encubierta y modificar esta "exclusividad" del Poder Judicial, cargándose su independencia judicial y la división de poderes, y ha preferido dar el poder omnipresente a un Tribunal Constitucional que, en realidad, no es un tribunal de justicia sino un árbitro de las leyes para que en los temas esenciales y fundamentales del Estado 12 magistrados elegidos por los propios políticos puedan tomar cualquier medida ejecutiva contra cualquiera de nosotros. 

PÁNICO DEL PP A PERDER EL PODER

Hablemos claro: ante el pánico a perder el poder, el Partido Popular llevó a cabo una reforma que no es más que un nuevo escalón en la politización de la justicia por si acaso la judicialización de la política no da los resultados esperados. 

El Tribunal Supremo ya ha pedido fianza a Drets como acusación popular, y estamos dispuestos a llegar hasta el final de este proceso. Y si no tiene recorrido en el Tribunal Supremo, seguro que lo tendrá ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, adonde iremos en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, la democracia y la justicia.