Querella de la fiscalía contra Mas

La Junta de Fiscales de Sala se reunió ayer de forma casi inédita para avalar la posición del fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, sobre la procedencia de querellarse contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por cuatro presuntos delitos cometidos en la organización del 9-N. Tras la negativa de los fiscales de Catalunya a plantear la acusación al no apreciar elementos de delito para sustentar la querella, Torres-Dulce ha querido cargarse de razones con este apoyo de la cúpula fiscal.

Vana tentativa. El debate técnico ha quedado en evidencia estos días. Huyendo de la terminología legal, los fiscales catalanes consideran que la astucia de Mas le ha permitido esquivar la ley, aunque critican su conducta, mientras que el fiscal general, impelido sin disimulo por el Gobierno central, insiste en que semejante burla al Estado no puede quedar exenta de castigo. O como mínimo, sin iniciativa de la fiscalía, ya que luego será el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -es decir, los jueces- quien decida qué recorrido tiene la querella criminal. Justificar la negativa de los fiscales de Catalunya a plantear la querella en que están «contaminados» por el «ambiente nacionalista», como ha dicho el dirigente del PP Carlos Floriano, es un exceso del que habría que deducir que si un órgano jerárquico como la fiscalía no es fiable en Catalunya es que el Estado tiene un grave problema en esta comunidad española. Por la misma regla de tres, el TSJC tampoco sería de fiar para abordar el pretendido juicio al president y sus consellers.

Disquisiciones jurídicas al margen, lo más grave son las consecuencias políticas de la medida. No se pueden tender puentes sentando a una de las partes en el banquillo. El diálogo será mucho más complicado, a la vez que quedará reforzada la figura de Mas. Es, por ejemplo, significativo que su antecesor y exlíder del PSC, José Montilla, entre otros políticos de distinto signo, haya expresado su solidaridad con el president en caso de que la querella se plantee. En lugar de buscar iniciativas políticas que contribuyan a articular mayorías ajenas a posiciones radicales, se convierte en víctimas a personas que el 9-N permitieron que la nada despreciable cifra de 2,3 millones de catalanes pudiera expresarse sin incidentes en un sucedáneo de consulta. Se equivoca quien pretenda vencer a las tesis independentistas con el Código Penal y no con la política. No hay duda de que la mayoría de los catalanes no desean ese camino.