Pujol, en el socavón

Conmemorando los 10 años del socavón del Carmel, Jordi Pujol, su esposa y tres de sus hijos declararon ayer ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona. Su encausamiento es consecuencia del mayor socavón político infligido por el padre de la Catalunya contemporánea a la ciudadanía que, pujolista o no, lo tenía en un altar.

Las tragedias, si no se mantiene la tensión, acaban en sainetes. Tras la carta poco autoinculpatoria del 25 de julio pasado, tras la bochornosa comparecencia parlamentaria de 26 septiembre siguiente, la dignidad del prócer se ha desvanecido en su declaración del 27 de enero. Su esposa, acaso más lúcida, guarda silencio mundano y procesal. Los hijos imputados en esta causa se remiten a lo dicho por su padre. Este, fiel a su mensaje de la carta que cambió el mundo del catalanismo conservador el verano pasado, dice asumir responsabilidad, pero en ningún caso la penal y, por lo que se ve, tampoco la ética y la política.

Aun a reservas de conocerse en su integridad la deposición de ayer en sede judicial, queda claro que Pujol insiste en los mismos extremos que no demuestra. Ello nos lleva a desconfiar de su veracidad, pues su palabra, muy lamentablemente, bien poco vale ya. Así, persevera en que el dinero situado en el extranjero era una herencia de su padre a su nuera y nietos porque consideraba poco fiable la carrera política y empresarial de su propio hijo. Ningún documento se ha aportado. Ni tan siquiera la hermana o el cuñado de Pujol -antaño estrechísimo colaborador suyo- saben nada de esa donación, legado o como se le quiera llamar. Afirma ahora que tal dación patrimonial provenía de los ilícitos negocios de su progenitor. Quien debió administrar dicho capital, como en cualquier proceso que se precie, lleva años fallecido.

La obtención de pruebas

No despeja el expresident las dudas sobre el origen de las sustanciosas cantidades que sus hijos –no él, dado que vuelve afirmar que se desentendió de tal fortuna– regularizaron. Reitera que el origen no es ilícito: que no proviene de ventajas indebidas del ejercicio de su magistratura pública durante sus 23 años de gobierno. Aun sin poder acreditar lo contrario, ¿quién apostaría por ello?

Así, si la justicia pretende probar que los dineros regularizados a principios del verano pasado son de procedencia ilícita, no ha de esperar ayuda de los imputados, porque estos están amparados en su derecho a no hacerlo. Por ello, jueces y fiscales deberán ingeniárselas para obtener pruebas de otro modo. Por un lado, mejorar sus peticiones de colaboración internacional de estados hostiles a la ayuda en estos casos, pues se nutren de las excrecencias de los demás. Por otro, no vendría mal contar con alguna garganta más o menos profunda. La experiencia enseña que tal recurso suele ser un buen remedio, costoso (procesalmente hablando, claro) pero eficaz.

De estas contribuciones provendrán las herramientas para aclarar si los fondos manejados familiarmente por los Pujol eran legítimos o no. Esperar su colaboración es inútil. Su renuencia es la única censura a la que no son acreedores.