Puigdemont, fanatismo y astucia

En Catalunya se ha venido practicando desde la larga etapa pujolista el señalamiento y a veces el hostigamiento público contra aquellos que no son nacionalistas. Solo recordar que la acusación de 'botiflers' a los socialistas por parte del mundo convergente fue una constante que tuvo algún conato de violencia cuando estalló el 'caso Banca Catalana'. Siempre ha habido grupos radicales que han campado a sus anchas, particularmente en las universidades, y que se han beneficiado de un clima de indulgencia ante sus prácticas inciviles.

Hace 25 años, cuando estábamos a punto de celebrar los Juegos Olímpicos, se desató con la cobertura del poder nacionalista la campaña 'Freedom for Catalonia', que ya pretendía hacer creer al mundo que éramos una colonia. Entre tanto, las sedes de los partidos constitucionalistas han sido atacadas en demasiadas ocasiones en medio de una ostensible espiral del silencio.

Afortunadamente, esta semana se ha conocido la primera sentencia por odio ideológico, un delito de reciente creación en el Código Penal, pero que empezará a ser noticia más a menudo. Dos ultranacionalistas han sido condenados por amenazar y agredir en el 2014 a miembros de Societat Civil Catalana cuando iban a trasladarse en autocares de Lleida a Barcelona. Que esta primera sentencia haya tenido tan poco eco en los medios dice mucho de lo que está pasando en Catalunya.

Ojalá me equivoque pero me temo que el clima de crispación se está caldeando por momentos. Los líderes sociales y políticos del movimiento separatista están elevando el tono y acusando gravemente a España, calificándola de régimen autoritario, represivo, demofóbico, etc. Las palabras tienen consecuencias y todo esto persigue legitimar la insurrección de la Generalitat y empujar a una parte de la sociedad catalana a la desobediencia.

Se está dando rienda suelta al fanatismo cuando Carles Puigdemont acusa al Estado español de ser el responsable de la pobreza en Catalunya, cuando Oriol Junqueras compara el Tribunal Constitucional con el franquista Tribunal de Orden Público, o cuando insistentemente se afirma que el Gobierno español ha conspirado para cargarse la sanidad catalana. Se reclama ayuda internacional porque se afirma que el Estado tendrá que utilizar la fuerza para impedir el referéndum, pero también que en España no habrá suficientes cárceles para encerrar a tanto independentista. En definitiva, se está creando un clima irrespirable y peligroso.

Curiosamente, mientras se da rienda suelta al fanatismo para justificar cualquier cosa, se vuelve a recurrir a la astucia para organizar otro 9-N. Ahora mismo lo único que busca el Govern y Junts pel Sí es poder hacer algo el 1-O. La sustitución de los funcionarios por voluntarios es el reconocimiento por anticipado de que esa legalidad catalana que iba a surgir tras la aprobación de la ley de desconexión no va a ser reconocida por nadie. Aun así, como se trata de una insurrección organizada desde el poder y con dinero público, caso único en el mundo, el final del proceso soberanista amenaza con abrasarnos a todos.