Puigdemont y su "marcianada"

En los países con poco currículum constitucional, la tentación de forzar la democracia, de utilizarla a favor del poder, es habitual. En Madrid Mariano Rajoy hace una apañada lectura de la Constitución: 137 escaños sobre 350 obligan a la oposición a facilitar su investidura. ¡Bravo!

En Catalunya ocurre algo parecido aunque más perverso. No se trata ya de usar la Constitución sino de enterrarla. Si Puigdemont impedía este miércoles que el Parlament votara las conclusiones de la comisión para el proceso constituyente, presidida por el poeta Lluis Llach, perdía el cargo porque en setiembre la CUP no habría votado la cuestión de confianza. Puigdemont, hombre práctico, no ha dudado. Además a un independentista de nacimiento, lo de desconectar de España le pone y prioriza su sentimiento a su obligación institucional de ser el presidente de todos los catalanes.

Por eso cuando Miquel Iceta -más reflexivo pero menos incisivo que Inés Arrimadas- le recordó que el Estatut de Catalunya, que no fue impuesto por Madrid sino votado por el Parlament y luego en referéndum por los ciudadanos, dice que para cambiarlo se necesitan las dos terceras partes de los diputados y que ahora se pretende derogar con solo 72 (sobre 135), no dudó en contestar con un manotazo: el Constitucional se lo cargó en el 2010 sin los votos de los dos tercios de sus magistrados. Vale, es una respuesta para arrancar aplausos en una asamblea de la “joventut nacionalista” de La Garrotxa, pero que indica que al 'president' lo de conocer la ley le trae sin cuidado. Por eso cuando el diputado socialista Ferran Pedret invocó el artículo 1 del Estatut que dice: “Catalunya como nacionalidad ejerce su autogobierno constituida en comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y con este Estatut” le debió sonar a chino…Catalunya es libre por derecho natural. Y quien no lo sienta así es que no es un catalán 'com cal'. En La Garrotxa volverían a aplaudir.

La realidad es que Catalunya votó la Constitución y el Estatut, que España es un estado de la Unión Europea y que Catalunya -afortunadamente para todos, empezando por los votantes de que Junts pel Sí- está muy lejos de Kosovo.

El problema de JxSí recuerda al del PP. Sin retorcerlo todo, 137 escaños no dan derecho a la investidura. Y 72 diputados y el 47,8% de los votos en el 2015 tampoco son el salvoconducto para derogar el Estatut y alumbrar -a través de un mecanismo desconocido y milagroso- una Asamblea Constituyente con plenos poderes. Es una fantasía imposible de implementar, que gusta a muchos ciudadanos hartos de las faltas de sensibilidad del Gobierno de España pero que divide a los catalanes y de la que no saldrá nada bueno.

Irse de España a la brava (la desconexión) es una quimera que este miércoles recibió grandes palabras. Pero Puigdemont, hombre de 'seny', debería releer la última encuesta del CEO. Preguntados sobre la credibilidad de algunas instituciones, los catalanes puntúan (en una escala de 0 a 10) a la policía del Estado y la Guardia Civil con un 4,71. Un suspenso alto pero algo mejor que el del Parlament (4,56) o el Govern que él preside (4,41).

Aquí -desde la confesión de hace dos años- nadie puede presumir ya de ninguna superioridad moral. Toca “un poco de por favor”. Y la diputada Arrimadas, si una recién llegada pero que es la líder de la oposición, tiene razón y dijo algo elemental, pese a que Puigdemont lo calificó de “marcianada”: en democracia los parlamentos y los gobernantes tienen que respetar las leyes. El separatismo catalán también.