La prioridad es evitar la DUI

En las últimas horas, la inquietud sobre lo que puede pasar hoy ha ido en aumento. La ANC ha convocado a sus militantes ante el Parlament, esperando que Carles Puigdemont declare la independencia, y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenado que sea la Policía Nacional, y no los Mossos, el principal responsable de la seguridad del edificio judicial.

Con una participación del 43% en el referéndum del 1-O y un 38% de 'síes', según la Generalitat y sin solvente verificación, proclamar la independencia parece una aventura que no tendría ninguna aceptación internacional y que acarrearía graves consecuencias. Ya se está viendo con el éxodo de los bancos y de grandes empresas, así como con la manifestación del domingo contra la desconexión. Los no nacionalistas también se movilizan, y usar la calle para medir apoyos no es lo más inteligente. Los hoteleros ya lo sufren. Son datos que el 'president' no debería ignorar. Además, hay la casi seguridad de que la DUI provocaría la suspensión de la autonomía.

Por eso el clamor para evitarla se ha hecho en los últimos días muy amplio y transversal. No son solo los contrarios a la independencia, ni el mundo económico, ni los partidarios de la tercera vía del PSC , ni los 'comuns' de Ada Colau, ni los antiguos soberanistas del PSC como Antoni Castells, que el domingo publicó un preclaro artículo en el 'Ara', ni miembros del propio Govern como Santi Vila, el 'conseller' de Empresa. Hay un sentimiento general, de gente muy distinta, de que la prioridad es evitar la DUI.

Lo sensato es dar marcha atrás

El independentismo no quiere hacer marcha atrás en el grave error de las dos leyes de ruptura que dieron origen a algo que solo puede durar muy poco tiempo, la coexistencia en un país de dos legalidades: la constitucional y la de nuevo cuño.

El 'president' se enfrenta a un grave dilema. Si declara la independencia, pone en riesgo el régimen autonómico actual y pueden sufrir tanto la economía como la paz social. Si, por el contrario, da marcha atrás –lo sensato–, defraudará a buena parte de sus seguidores –no a todos– y la CUP puede reventar su mayoría parlamentaria. Pero seguir adelante es demasiado aventurado. Solo tiene dos soluciones aceptables. Una, convocar nuevas elecciones. Dos, decretar una pausa y abrir una ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios para intentar un consenso político más inclusivo. Cuando amenaza una gran catástrofe, o un choque descomunal, una pausa para repensar y renegociar puede ser lo más conveniente.

El conflicto se agravó mucho con la sentencia del 2010 sobre el Estatut. Y en el 2015 se cometió otro doble error en Barcelona y en Madrid. El independentismo proclamó haber ganado las elecciones plebiscitarias (el prohibido referéndum) con el 47,8% de los votos. Madrid –peor todavía– creyó que a un 47,8% bastaba con contestarle con la legislación vigente. Ahora todo se ha envenenado al máximo y el cum laude de la estupidez sería seguir en la espiral del choque hasta llegar a lo irreversible. Hoy, Puigdemont mueve ficha.