Ya conocemos a la primera víctima del fin del derecho universal a la asistencia sanitaria introducido por real decreto ley en abril pasado. No es un inmigrante, sino un arquitecto de Mataró de 28 años que no ha cotizado porque está en paro desde que terminó los estudios. A partir del 1 de septiembre solo dispondrá de tarjeta sanitaria en el caso de que consiga un empleo o bien si se declara pobre. Este universitario encarna el final de un breve periodo de apenas 30 años en el que España ha podido ofrecer un Estado del bienestar que incluía este derecho fundamental.

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 13 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El anuncio de la pérdida de la primera tarjeta sanitaria coincide con una nueva polémica entre el Gobierno central y el catalán a propósito del copago farmacéutico. El Ministerio de Hacienda está dispuesto a llevar al Tribunal Constitucional el euro por receta que incluye la ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes. Entiende que vulnera competencias estatales ratificadas por sentencias de los más altos tribunales.

La nueva posición del Gobierno central, que pasó de criticar la disposición catalana a ponerla de modelo para otras comunidades autónomas para finalmente impugnarla, es otra muestra del desbarajuste en el que nos movemos. Cualquier decisión, por importante que sea, está rodeada de enormes lagunas, de opacidad, de contradicciones y, en definitiva, de falta de credibilidad. En estos momentos, a 12 días de la entrada en vigor del pago de un euro por receta y cuando el ajuste de los sistemas informáticos de la red catalana de oficinas de farmacia y Salut está prácticamente ultimado, surgen las dudas de cómo se podrá implementar el copago que patrocina el Ministerio de Sanidad y que se aplicará en paralelo al euro catalán a partir del 1 de julio. El más mínimo sentido común hubiera aconsejado introducir un solo mecanismo, aunque solo fuera para no complicar tanto la vida a la gente que se ve obligada a acudir al médico. Ante tanto lío, muchos asegurados están revisando sus cajones en busca de recetas olvidadas y se apresuran a canjearlas por medicamentos antes del día 23, lo que provoca un gasto claramente innecesario que impedirá el ahorro calculado de 50 millones de euros para lo que resta de ejercicio.