Ni un primer paso

En el último Eurobarómetro 'Los europeos y sus lenguas', publicado por la Comisión Europea en julio del 2012, las personas que en España declaran conocer la lengua inglesa como para mantener una conversación 'bien' o 'muy bien' representan tan solo el 11,7% de las encuestadas, lo que nos sitúa a la cola de los 27 países de la Unión Europea. Entre los jóvenes, el porcentaje es del 19,67%, y tan solo 24 centésimas separan a España del país peor situado de toda la UE en conocimientos de inglés de su población joven. El resto de lenguas europeas habladas en España presentan índices muy inferiores al inglés. 

En este contexto, cualquier iniciativa para promover el conocimiento de idiomas es bienvenida. ¿Cualquiera? En enero del 2014, el Parlament de Catalunya aprobó una ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. Entre un artículo sobre la seguridad en los centros de culto religioso y otro sobre la ubicación de las oficinas de farmacia, se encuentra un artículo que establece que «los estudiantes que inicien los estudios universitarios de grado en una universidad catalana el curso 2014-2015 y posteriores deben acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera de entre las establecidas en las pruebas para el acceso a la universidad (PAU), con un nivel equivalente al B2 del Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas (MECR) del Consejo de Europa».

En un mundo globalizado parece muy conveniente –incluso imprescindible– que las personas que obtienen un título universitario sepan desenvolverse en varios idiomas, particularmente en los idiomas más habituales en su especialidad. Entonces, ¿dónde está el problema? En que la ley no prevé que las universidades impartan dichos idiomas dentro de sus planes de estudios. En Catalunya se titulan de grado o nivel equivalente más de 30.000 estudiantes cada año, y es responsabilidad individual de cada estudiante conseguir la formación necesaria para pasar del nivel B1 de idioma extranjero –que ha obtenido en el bachillerato–  al nivel B2 que se le exige para obtener un grado universitario.

EL RECURSO DE LOS CENTROS PRIVADOS

Ni las escuelas oficiales de idiomas ni las escuelas de idiomas de las universidades están dimensionadas para acoger tal cantidad de estudiantes que acaban, mayoritariamente, teniendo que recurrir a instituciones privadas. La Generalitat se limita a ofrecer un número determinado de ayudas económicas –por un importe limitado– para la formación y la matrícula de los exámenes oficiales de idiomas.

El desconocimiento de idiomas en nuestro país no se corresponde con nuestro papel en Europa, donde nuestro país está bien situado por PIB y nuestro sistema universitario es considerado de alta calidad. El problema de los idiomas debería ser abordado en profundidad. El sistema implantado en Catalunya en el 2014 no puede considerarse ni un primer paso, pues únicamente establece la necesidad de justificar un nivel para el cual no se ofrece la formación correspondiente.