Primer acto judicial del 'caso Mercuri'

El caso Mercuri, que sacudió a la opinión pública catalana en noviembre del 2012, ha empezado a sustanciarse estos días, poco más de dos años después, lo que constituye una relativa rapidez para los usos y costumbres de una justicia española endémicamente faltada de medios. Lo que estos días se examina en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es un parte de un presunto caso de corrupción política en el que el protagonista principal es el entonces alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, pero las investigaciones dieron lugar a una macrocausa con una cincuentena de piezas en las que el nexo común es el supuesto pago de comisiones por parte de empresarios para obtener favores de la Administración. Es decir, aun cuando los presuntos delitos económicos están reflejados en piezas distintas de la que ahora ha llegado a juicio, esta es, desde el punto de vista cualitativo, la más relevante.

La importancia del caso reside en que puso al descubierto un deleznable y punible tráfico de influencias entre cargos municipales socialistas para recolocar laboralmente a una persona afín, con la intervención del entonces secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández. Las declaraciones que estos días han realizado los procesados y algunos de los testigos en el juicio mantienen varias de las contradicciones que afloraron en el momento de la operación policial, y otras incoherencias están intentando ser esquivadas con argumentaciones poco convincentes. Pero lo que resulta más lamentable es la estrategia de los acusados de no reconocerse en las comprometedoras grabaciones que efectuaron los Mossos ante la sospecha de que en el Ayuntamiento de Sabadell se estaba registrando una «corrupción generalizada», en palabras del fiscal. Obviamente, un procesado es libre de adoptar la línea de defensa que considere mejor para sus intereses, pero esta argucia de querer anular todo un proceso por un presunto defecto de forma es la misma que hace años usaron con éxito los implicados en el caso Naseiro, de financiación ilegal del PP, lo que entonces provocó las justas y amargas quejas de los socialistas y de la ciudadanía en general. Cabe la posibilidad de que este juicio termine con condenas menores o incluso la absolución, pero en todo caso sus protagonistas habrán hecho un flaco favor a la necesaria regeneración del ejercicio de la política.