Prevenir la violencia sexual sobre los menores

Está muy extendida la creencia de que las leyes y la realidad social van por caminos diferentes, que no responden a los intereses reales de las personas o que no van a poder resolver los problemas a los que se enfrentan. Estas opiniones se han escuchado recientemente a raíz de la aplicación de la ley orgánica de protección jurídica del menor que requiere, a todos aquellos que trabajan con menores, la prueba oficial de que no tienen antecedentes penales por delitos sexuales. En pocas palabras: se quiere evitar que aquellos pederastas condenados penalmente puedan trabajar donde se atiende, asiste o cuida a niños y adolescentes.

Se trata de prevenir la violencia sexual contra los menores. Ahora cuando este debate público está más apagado, aunque sigue siendo intenso entre los profesionales afectados, aparece el caso de la escuela Maristes de Sants-Les Corts. La mencionada ley orgánica tiene la protección de los niños y los adolescentes como principal objetivo. Entre sus fines concretos figura expresamente la prevención de la violencia sexual ejercida sobre los menores. Se quiere prevenir a los niños y adolescentes de sufrir agresiones y abusos sexuales y de la explotación sexual. Estos gravísimos hechos son formas de violencia sexual de las que menores y discapacitados son sus víctimas más frecuentes. La prevalencia de estos actos violentos es elevada y en nuestro país alcanza un 17%.

Calificados como delitos graves, los actos de violencia sexual contra menores son odiosos y sus autores son muy rechazados socialmente. También es sabido que, entre los delitos violentos, los abusos sexuales infantiles destacan por su nocividad y efecto destructivo tanto en la salud como en el desarrollo y el bienestar de la víctima, ya que suelen causar secuelas psicológicas graves y de larga duración.

La mayoría de los abusos sexuales a menores, muchos de los cuales acontecen en el entorno familiar, pasan desapercibidos para la sociedad y sus autores no suelen ser identificados, detenidos y condenados. Los criminólogos han demostrado que es un tipo de delito muy oculto y por esta razón los antecedentes penales, aún siendo muy importantes para la prevención, son insuficientes para anticipar nuevos abusos. La razón es que muchos abusadores sexuales de niños nunca fueron identificados, ni denunciados y tampoco condenados por ellos y, por tanto, no constarán en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Los abusos sexuales recién denunciados en el colegio Maristes son un ejemplo más del  desconocimiento y secretismo con que se tratan estos hechos.

La mejor solución -y urgente- para el problema de la violencia sexual contra los menores ejercida por maestros, educadores, sanitarios, voluntarios, etcétera  es la prevención: detectar eficazmente aquellas personas con problemas de pederastia y evitar que abusen de los menores. La sola certificación de que no están inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales no es suficiente porque, en primer lugar no se conoce ni condena a la mayoría de pederastas que actúan en entornos donde hay menores y, en segundo lugar, porque las técnicas profesionales de identificación para detectar la pederastia son aún muy imprecisas debido a su baja especificidad.

Valoración de riesgo

Para tratar de identificar las preferencias pederastas de quién esta en contacto o trabaja con menores -también de aquellos que quieren adoptar o acoger a niños- se usan dos técnicas: las propias de la selección de personal y las técnicas clínicas habituales en la práctica profesional de psicólogos y psiquiatras destinadas a valorar la presencia de alteraciones mentales, porque no hay que olvidar que la pederastia es un trastorno mental.

No son suficientes y desgraciadamente cuando se utilizan suelen provocar muchos falsos negativos. Pero recientemente se han producido avances para esta tarea en el campo de la psicología forense y la criminología. Se han puesto a punto procedimientos que identifican y, sobre todo, valoran el riesgo de que determinadas personas puedan realizar actos de violencia sexual y permiten estimar el nivel de ese riesgo con mayor precisión. Estas técnicas de valoración del riesgo ya son de uso generalizado en países como Australia o Canadá, también en Holanda y el Reino Unido. Son técnicas nuevas que se enfrentan con la dificultad de esta detección y que son imprescindibles tanto para el control de acceso a los puestos de trabajo con menores, como para la vigilancia, más o menos permanente, de los profesionales que trabajan en este ámbito. Así lo han entendido en lugares como, por ejemplo, la Real Academia de Danza de Londres donde los futuros entrenadores y profesores de los menores que allí estudian son evaluados por expertos, antes de acceder a su puesto de trabajo y también a lo largo de su trayectoria profesional.  Casos como el del agresor sexual de Castelldans o el de la escuela Maristes reclaman soluciones urgentes para prevenir este tipo de delitos.