Editorial

Presupuestos de uso electoral

Las inversiones apenas crecen y Catalunya sigue lejos de lo que le correspondería por población o por PIB

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Cristóbal Montoro presentó ayer el proyecto de Presupuestos Generales del 2016, con dos meses de adelanto sobre el calendario habitual para anticiparlos a la convocatoria de elecciones del próximo otoño o invierno. Las cuentas están marcadas por el optimismo sobre la evolución de la economía. La coyuntura favorable permite estimar una mayor recaudación en todos los  impuestos, pese a la reciente rebaja del IRPF,  y una reducción del gasto en desempleo e intereses de la deuda, porque nos financiamos a un precio más bajo. El desahogo permite al Ejecutivo aplicar medidas de gasto inmediato como el incremento del 1% en el sueldo y la devolución del 50% de la paga extra del 2012 a los funcionarios, así como la promesa genérica -no concretada en las cifras presentadas ayer- de una nueva rebaja del IRPF el próximo año. Unas iniciativas  que favorecen a corto plazo los intereses electorales del Gobierno. La disminución del gasto dedicado a las prestaciones por desempleo se debe a un fenómeno contradictorio, reflejo de los tiempos que vivimos. Por una parte, las listas de desempleo se reducen por el aumento de personas que encuentran trabajo, al tiempo que no disminuye el paro de larga duración, con la consiguiente pérdida del derecho a la prestación. Un fenómeno que el Gobierno dice compensar con mayor dotación presupuestaria para gasto social, que incluye las ayudas de renta mínima. Que la recuperación aún tiene debilidades de calado lo evidencia también que se mantiene el déficit de la Seguridad Social y habrá que recurrir de nuevo al fondo de reserva para subir las pensiones solo el mínimo legal del 0,25%.

El optimismo exhibido por el Gobierno no se ve reflejado en absoluto en el capítulo de inversiones, que apenas crece un 0,95% frente al 8,5% del 2015, el primer presupuesto no restrictivo. Unas inversiones de las que Catalunya recibirá solo el 10,7% del total (1.179,53 millones). Pese a que Montoro puso especial énfasis en que esto supone un incremento de un 10% con respecto al año anterior (apenas 105 millones), la cantidad, una vez más, queda muy lejos del porcentaje que la comunidad representa sobre el conjunto de España tanto en población (16%) como en PIB (18,5%). Sobre este último índice se había pactado la inversión en un Estatut cuya impugnación tantos problemas ha generado.