Presupuestos de coyuntura

El Govern de la Generalitat presentó ayer su proyecto de presupuestos para el año 2017. Los ha elaborado bajo un doble síndrome: evitar que la CUP los tumbe, como ocurrió la primavera pasada, y cumplir formalmente con los requisitos exigidos por el Estado para evitar que el Gobierno los recurra. El resultado son unas cuentas levemente expansivas que prevén cierta desaceleración de la economía y que cumplen formalmente con el objetivo de déficit público a la espera de que el jueves pueda sufrir modificaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A partir de este cuadro general, nadie le podrá cuestionar al vicepresident Oriol Junqueras que ninguna de las partidas de ingresos incluye mucha dosis de contabilidad creativa como en años anteriores. Y tampoco le podrá regatear que el escaso margen de maniobra que le da la reducción de los gastos financieros y el aumento de ingresos por la mejora económica y los nuevos impuestos lo dedica íntegramente al gasto social. Una prioridad que crece hasta niveles anteriores a la crisis pero que no recupera el montante que tuvo en el año 2010. Este movimiento lo ha hecho Junqueras sin atender las demandas de sus socios parlamentarios, que exigían una reforma integral de la fiscalidad, ni las de la oposición, que le pide un cambio de prioridades.

De manera que el anzuelo para ganarse el voto de la CUP ha sido finalmente la organización del referéndum sobre la independencia que anunció el president Carles Puigdemont para superar la moción de confianza en septiembre. Cumplir con ese compromiso, que de momento ha satisfecho a la CUP, sí que ha exigido una cierta creatividad en la elaboración del proyecto de presupuestos. Plasmar en una ley un proyecto tan incierto como este evidencia la fragilidad del planteamiento político que lo impulsa. El referéndum unilateral aparece agazapado en una partida dedicada a la «participación» y en un crecimiento desorbitado del fondo de contingencia de la Generalitat. Nuevamente se trata de no llamar a las cosas por su nombre para burlar la legalidad con una promesa de más que incierto cumplimiento. La argucia puede servir para pasar el trámite, pero en ningún caso asegura la celebración del referéndum mientras las prioridades siguen sin cambiarse un año más.