Precariedad y accidentes laborales

El pasado martes murió un trabajador al quedar sepultado bajo bobinas de cable de gran tamaño en una empresa en Sant Fruitós de Bages. El accidente vino a ampliar las negras estadísticas de siniestros laborales en lo que llevamos de año. Las cifras son preocupantes. Un total de 360 personas han muerto en España en los primeros sietes meses del 2016 durante su jornada de trabajo, lo que supone un aumento del 17,6% de forma global si se cuentan también los fallecidos durante los desplazamientos hasta o desde la empresa, que crecieron el 36% (los accidentes 'in itinere'). En Catalunya, el porcentaje ha escalado hasta el 76%, al pasar de 17 fallecidos a 30.

El primer análisis de esta negativa tendencia desemboca en una ecuación no exenta de lógica: a mayor precariedad del empleo más grandes son los riesgos y posibilidades de sufrir un percance en el puesto de trabajo. Estamos ante otro de los perversos efectos de la gran recesión y de la forma en que la estamos capeando. El aumento de la temporalidad y de la contratación a tiempo parcial que avala la normativa laboral está pasando una costosa factura con el deterioro de la salud de quienes se ven obligados a trabajar en condiciones de máxima exigencia física y mental. Si a ello se añade la reducción de inversiones en planes de prevención de riesgos -convertidos en adornos de los convenios laborales- nos encontramos con un panorama poco tranquilizador.

Los cambios que se están produciendo no son solo cuantitivos. Las causas de los siniestros laborales en España estaban tradicionalmente asociadas a incidentes físicos, mientras que ahora se relacionan de forma significativa con los infartos o los derrames cerebrales propiciados por el estrés laboral. Tampoco la construcción es ya el sector más arriesgado, sino la hostelería, las actividades administrativas o los servicios auxiliares.

Esta negativa radiografía exige una reflexión, pero también una reacción colectiva que suponga una mayor atención en las empresas a la prevención, así como un aumento de las inspecciones en los centros de trabajo, sea de forma rutinaria o a instancias de los propios trabajadores. Todo antes que caer en la cómplice resignación de aceptar que el precio de tener un trabajo con el que ganarse el sustento sea poner en peligro la propia vida.