El Periódico

Los 300 años de 1714

Josep Fontana

Josep Fontana

Historiador

La práctica del inquisidor

Continúa muy extendida la costumbre de criticar a alguien sin escucharle, a partir de apriorismos

Sábado, 6 de julio del 2013

Hace unos meses me propusieron participar en un coloquio sobre la historia de Catalunya en el periodo de 1714 al 2014. He estado trabajando últimamente en estas cuestiones y acepté, porque me parecía que podía decir algo que se apartase de los tópicos al uso. No figuraba en la propuesta el título de Espanya contra Catalunya, que la organización le ha dado después; pero no me preocupó demasiado, porque pensé que lo lógico era que se juzgase a los conferenciantes por lo que pudieran decir. No ha sido así, sino que nos han echado la jauría encima sin dejarnos abrir boca. Esta es la práctica habitual del inquisidor: conoce la maldad de tu corazón, y sabe lo que realmente piensas, lo cual le permite condenarte sin molestarse en escucharte.

Entre los ataques personales que más me duelen, por injusto, figura el que me ha dedicado Antonio Elorza en El País, donde me condena por cosas que nunca he dicho. Por ejemplo, que «el PP es un partido nazi». Nunca escribí tal cosa. Comparé los objetivos de la política centralizadora del PP con la Gleichschaltung, en un artículo que empezaba diciendo «está claro que hay grandes diferencias entre la España del 2013 y la Alemania de 1933». Pero no importó esta precisión, ni que, en el artículo siguiente, dijese que me arrepentía por haber formulado la cuestión en tales términos, «porque ha dado lugar a que se reduzca lo que quise decir a un ataque al Partido Popular», cuando lo que me importaba era llamar la atención sobre una deriva política que afectaba por igual a populares y a socialistas.

No puedo aceptar tampoco la simplista caricatura que Elorza hace de la historiografía catalana actual, que, de Vilar para acá, ha avanzado considerablemente en el conocimiento de nuestro pasado, tanto del separado como del común. No se pueden menospreciar congresos, tesis doctorales e investigaciones que han dado lugar a un amplio caudal de publicaciones académicas, para reducirlo todo a una malintencionada lista de tópicos. No es lícito descalificar lo que se desconoce.

Pero la parte esencial de su condena se basa en la consideración de que hablar de «conflicto» significa adoptar una postura aberzale. Pienso, en efecto, que conflicto interior lo hubo en España en el siglo XVIII, en el XIX y en el XX, y lo sigue habiendo en el XXI. Y que lo mejor es tratar de entenderlo y explicarlo; que el debate es mejor que el silencio.

En la conferencia que he de hacer me tocará hablar de 1714, y lo aprovecharé para recordar que quienes luchaban «por la conservación de las libertades, privilegios y prerrogativas de los catalanes», sostenían que estaban combatiendo también «por la libertad de España y de todos los españoles». No había contradicción alguna entre estos propósitos, porque aquella guerra se estaba librando ante todo por dos concepciones distintas del marco político del estado.

Que viene a ser lo mismo que dijo Azaña en 1932: «El último Estado peninsular procedente de la antigua monarquía católica que sucumbió al peso de la corona despótica y absolutista fue Catalunya; y el defensor de las libertades catalanas pudo decir, con razón, que él era el último defensor de las libertades españolas».

Podría añadir que en 1714 perdieron la guerra quienes defendían un modelo de Estado constitucional, y triunfó una monarquía absoluta que retrasó el proceso de una posible unificación «nacional». No fue hasta 1812 cuando, como dice Antonio Miguel Bernal en España, proyecto inacabado, «las cortes crearon un Estado inexistente con anterioridad, el Estado español». Y aún quedaba faena por hacer, como decía Antonio Alcalá Galiano en 1835, cuando sostenía que la tarea que debían realizar entonces los liberales era la de «hacer de España una nación, que no lo es ni lo ha sido nunca».

Estudiar los conflictos y desencuentros de la sociedad catalana en el seno de la monarquía borbónica del siglo XVIII, como después, en el siglo XIX, en el de un Estado liberal hostil a la industrialización, o en 1939 o en el 2013, me parece que son objetivos legítimos, siempre que la discusión se haga sobre la base de la evidencia documental y del razonamiento. Como lo fue plantear dudas acerca de la sinceridad del pacto autonómico -otra de las aberraciones por las que me condena Elorza- basándome en lo que sabemos que estaban negociando los dirigentes del PSOE con los representantes del SECED el 23 de octubre de 1976, en plena vigencia de la Platajunta, desmintiendo los manifiestos en que el propio PSOE estaba ofreciendo al público: una Constitución federal «y la formación de órganos de autogobierno en las nacionalidades del Estado».

Lo único que les pedimos a los inquisidores es que dejen que nos expliquemos y que combatan después nuestros errores con razones, no con condenas anticipadas.

El Barcelona hará oficial su decisión de ejecutar la opción de compra de Gerard Deulofeu