Por una buena ley de consultas y participación

El artículo 122 del Estatut establece que "corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 149.1.32 de la Constitución ". Este último inciso se refiere a la competencia que, con carácter exclusivo, corresponde al Estado a la hora de autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referendo.

Los socialistas catalanes hemos querido siempre desarrollar la competencia en materia de consultas contemplada en el Estatut, y hacerlo plenamente, ya que tiene que ver con el derecho fundamental a la participación ciudadana (artículo 23 de la Constitución), un derecho recogido también en el Estatut (artículo 29), y nos parece además que hay que desarrollarlo con rigor y en profundidad.

En este sentido, y con respecto a los referendos, fue desarrollada en Catalunya mediante la ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referendo. Esta es una modalidad de consulta popular en la que se llama todo el censo electoral a participar y se garantizan los requisitos formales y legales para validar la consulta y su resultado.

Democracia participativa

La ley de consultas populares no referendarias y de participación ciudadana, que se debate actualmente en el Parlament, debería complementar esta ley que mencionábamos, y convertirse en una herramienta para profundizar en la democracia participativa. El PSC ha insistido en que se regulen otros sistemas de participación ciudadana que permite el Estatut, además de la consulta mediante votación, y se esforzará en garantizar que dispongamos de una ley que dé voz a la ciudadanía en asuntos de especial trascendencia política. Queremos que sea una contribución, entre otros tanto o más relevantes que esta, a la regeneración democrática por la que clama la mayoría de la sociedad.

Sin embargo, a nadie se le escapa, porque además se ha dicho abiertamente, que CiU y ERC pretenden que esta ley de consultas sirva para llevar a cabo una eventual consulta sobre la independencia de Catalunya.

Los socialistas catalanes ya hemos advertido, y lo seguiremos haciendo, que esta pretensión supone generar falsas expectativas en la ciudadanía, ya que una consulta de este tipo sobre esta materia excedería las competencias de la Generalitat, según el marco que perfilan la Constitución y el Estatut.

Nuevas fórmulas

La estrategia de CiU y ERC en este asunto puede terminar por privar a la ciudadanía de una herramienta importantísima para decidir sobre asuntos que le afectan, dentro del ámbito de competencias de la Generalitat o bien los entes locales, y tampoco no servirá para llevar a cabo la consulta sobre la independencia, porque la maniobra para intentar esquivar lo dispuesto en la Constitución, el Estatut y la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia es demasiado obvia y débil jurídicamente.

El PSC está dispuesto a trabajar en fórmulas para encontrar un encaje legal y acordado al derecho a decidir. De hecho lo ha defendido en su programa electoral y desde entonces ha votado coherentemente con este planteamiento en todas las ocasiones en que se ha suscitado la cuestión. Pero no estamos dispuestos a derrochar la ocasión de desarrollar una buena ley de consultas populares no referendarias y de participación ciudadana, y menos aún por culpa de una estrategia de vuelo gallináceo, que sus promotores saben desde el inicio condenada al fracaso.

Los socialistas no podemos avalar una estrategia que pase por el choque de trenes, por una abierta confrontación de legitimidades. Cuando decimos que el derecho a decidir debe ser legal y acordado, nos referimos a la necesidad de que todos los actores implicados reconozcan de entrada la legitimidad y licitud del proceso que se inician para consultar a la ciudadanía catalana, con independencia de su resultado. Me parece la única solución razonable. De otro modo, nos abocaría a todos y a todas a un grave conflicto político y social, de muy difícil solución.