Populismo en Vitoria

El alcalde de Vitoria, el popular Javier Maroto, con el lema 'Ayudas sí, abusos no', promueve una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recoger 30.000 firmas y endurecer los requisitos de percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se trata de una ayuda mensual de la Administración vasca a personas sin recursos (desde parados a inmigrantes sin permiso de residencia) para cubrir necesidades básicas y hallar trabajo. La reciben 65.000 familias y según Maroto ejerce un 'efecto llamada' de inmigrantes al existir supuestos excesos en su cobro (aunque según fuentes oficiales el fraude sería del 1%).

Su ILP pretende evitarlos con diversas medidas: excluir a quienes están en situación irregular; estar empadronado 10 años (ahora son tres); haber trabajado y cotizado antes de recibirla; suspender su percepción a quien delinca; prohibir a sus receptores enviar dinero al extranjero; y obligarles a efectuar trabajos comunitarios (la normativa actual lo contempla pero no se aplica).

Debe tenerse en cuenta que Maroto no es un político bisoño, sino bregado: es vicesecretario del PP vasco (que organizará y financiará la recogida de firmas en todas las provincias); es edil vitoriano desde 1999 (en los comicios locales del 2011 sumó el 29% de votos) y diputado autonómico desde el 2012. Ahora ha situado a la inmigración en el primer plano de la agenda, aunque en octubre del 2013 ya desarrolló un plan «en defensa del comercio local tradicional», que controló bazares, kebabs y locutorios.

Menos de 5% en Euskadi

Desde este verano él y el PP han caldeado el clima político. En julio el presidente vizcaíno del partido, Antonio Damborenea, subrayó que los inmigrantes eran menos del 5% en Euskadi y tenían «más del 30% de las ayudas sociales» con este comentario: «A lo mejor es que hay algunos que han venido y no han trabajado nunca y están cobrando la RGI desde el principio». Por su parte, Maroto sostuvo que algunos inmigrantes, como marroquís y argelinos, «viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar». Su lenguaje es coloquial y directo: denuncia que hay receptores de sueldos superiores a la pensión «de un 'currela' que ha estado 40 años deslomándose en una fundición». La polémica se avivó al transcender que un yihadista caído en Siria en marzo, Redouan Bensbih, cobraba 836 euros mensuales de ayuda, que aún recibió tras fallecer.

El resto de partidos rechazan la ILP de Maroto, recuerdan que es para iniciativas ciudadanas y que su condición de diputado la hace innecesaria para debatir el tema en el parlamento. Ello apunta a que el alcalde quiere capitalizar la inquietud que crea la inmigración.Según hizo público en julio del 2013 el Observatorio Vasco de la Inmigración, la población de Euskadi considera que existe un 15,9% de inmigrantes, cuando su cifra real es el 6,9%. Además, la RGI merecía severas críticas: se consideró que debían percibirla nacionales y luego inmigrantes (31,7% de encuestados); que debía limitarse solo a inmigrantes regularizados (26,5%); que hacía desistir a los inmigrantes de trabajar (55,3%) y que estos la acaparaban (un 57,6%). A ello se añade que el porcentaje de extranjeros en Vitoria (9,5%) es superior a la media vasca (6,8%) y 8.700 de sus nuevos 23.000 ciudadanos del 2014 son africanos, destacando marroquís (3.800) y argelinos (2.050).

Sentimiento de identidad dual

La ILP de Maroto llevaría esta vidriosa cuestión a la calle: «Vamos a ir a las tiendas, a los bares, a los centros comerciales y a los barrios para pedir a la gente que sí cree en lo que les digo» porque «la fuerza de la gente es muy difícil de negar», dice. ¿Su meta? Seguramente canalizar este malestar en favor del PP en las elecciones locales del 2015.

Vitoria puede ser un laboratorio del PP para analizar los réditos que puede reportar hacer bandera de la inmigración, como en Badalona. Ambas urbes están en comunidades con marcados sentimientos de identidad dual y el discurso inmigratorio introduce un eje que contrapone autóctonos y foráneos y puede favorecer a un PP que lo monopolice.

Sin embargo, recurrir a la «fuerza de la gente» como argumento legitimador puede conformar situaciones de exclusión. Lo ilustró la villa suiza de Emmen, donde entre 1999 y el 2003 se instauró el referéndum local para votar la concesión de ciudadanía a sus extranjeros residentes y fueron rechazados 97 candidatos (el Tribunal Federal helvético se pronunció contra tal procedimiento). Igualmente, discursos que estigmatizan a colectivos de inmigrantes son propios de ámbitos de ultraderecha y, al asumirlos, el PP los amplifica y otorga respetabilidad y centralidad. Maroto, pues, ha introducido la inmigración en la política vasca en un experimento de consecuencias imprevisibles.Historiador.