Poner orden en la electricidad

No es exagerado decir que en España hay alarma social por el precio de la electricidad. Que la factura de la luz suba cuando hay más demanda por el descenso de la temperatura puede tener cierta lógica desde el punto de vista del puro mercantilismo, pero no se ajusta a la economía social de mercado que consagra la Constitución. El Gobierno y los organismos reguladores deben despejar las sombras de duda sobre el sistema de fijación de precios, que podría suponer que alguien estuviera utilizando resquicios legales para aumentar artificialmente los precios en el momento de máximo consumo y, sobre todo, de máxima necesidad. Las medidas no pueden ser paliativas, sino de choque. La intervención anunciada por el ministro de Industria para forzar a la baja el precio del gas que se utiliza para la producción de electricidad es adecuada, pero claramente insuficiente. La Comisión del Mercado de la Competencia debe actuar con contundencia, porque no es la primera vez que se detectan prácticas abusivas. La oposición lo ha pedido y la sociedad lo reclama. La reforma del 2013 ha resultado un fracaso. Una vez se apacigüe esta emergencia, habrá que abordar la complejidad de fondo del asunto, resultado de muchas decisiones políticas y no empresariales oportunistas y populistas en muchos casos. Y las propias empresas del sector deberían ser las primeras interesadas en una mejor y más clara regulación del mercado que acabe con la pérdida progresiva de reputación que sufren.