Ponderar o tergiversar porcentajes

El 77% de participación en las pasadas elecciones conlleva que la mayoría de votantes se informaron a través de medios generales españoles. O sea que, con insistencia y tan solo, muchos votantes recibieron todas las amenazas y pronósticos horripilantes sobre la independencia emitidos por los poderes fácticos, incluidos el riesgo de perder las pensiones, el corralito o la expulsión eterna de la UE. Los resultados indican que pocos se lo tragaron.

En efecto, decir que la mayoría de votantes está en contra de la independencia de Catalunya es una falsedad. Sabemos que está a favor el 48% y en contra el 39%. No sabemos qué opina al respecto el 11% restante (más los votos nulos o en blanco) porque esta fracción no se planteó las votaciones como un plebiscito (no lo era de iure, pero sí de facto), sino como unas elecciones al Parlament (lo era de iure y también de facto). El 48% del 87% que dijo claramente sí o no es el 55%. Otra lectura es especulativa. No es una opinión, es un hecho estadístico.

Además, contraponer dos opciones no homogéneas no es clarificador. En este caso, decir sí era querer sí, a pesar de los inconvenientes y riesgos asociados (reales o imaginarios); decir no, por el contrario, tanto significaba no como «me da miedo decir que sí». Así que tenemos el 55% de sí, a pesar de todo, y el 45% de no que sería menos sin amenazas. Mientras tanto, como si nada, la fiscalía imputa el presidente en funciones de la Generalitat y candidato a la nueva presidencia y a dos consejeras. Bordado.

El PP, con el 44,6% de votos en las últimas generales, tiene mayoría absoluta en el Parlamento español. Una mayoría, legítima según el ordenamiento jurídico, con la que hace y deshace por encima de ciertos principios de moral política. Quizá por eso cree que el 48% (que es el 55%) no basta en Cataluña. Ahí es nada.