Editoriales

Es la política, presidente Rajoy

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Cuando el pasado 23 de enero el Parlament aprobó la declaración de soberanía de Catalunya -por sexta vez la Cámara votaba sobre el derecho a decidir-, el hecho de que la mayoría que la suscribió fuera políticamente incompleta implicaba una actitud de prudencia por parte de sus promotores. Pero la declaración chocaba directamente con la concepción del Estado que tiene el partido en el Gobierno de España, de forma que el intento inicial por parte de Mariano Rajoy de diluir la resolución y soslayar el enfrentamiento duró lo que un suspiro.

A partir de ahí, el Ejecutivo central recurrió a la Constitución y a su inalterada redacción como escudo en el que hacer rebotar las reclamaciones que desde Catalunya pudieran hacerse. El anuncio de ayer de que el Gobierno impugna la declaración soberanista ante el Tribunal Constitucional no es más que el final de un recorrido refugiado en el terreno jurídico, con lo que se elude afrontar el contencioso mediante el diálogo y la negociación política. Cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mencionó ayer las numerosas idas y venidas del Gobierno y las comunidades autónomas al Constitucional y añadió que eso no significa una falta de diálogo, sin duda echó mano de un recurso dialéctico. A tenor de cómo se han desarrollado los acontecimientos desde las elecciones autonómicas de noviembre, el llamamiento al diálogo contenido en la declaración no ha sido atendido en la práctica por Rajoy, y tampoco ha habido movimientos significativos por la otra parte. Entre ambas posiciones, el PSC ha dado esta semana el paso para sumarse a la exigencia de diálogo incluida en el texto del Parlament, reclamación que no puede despacharse con un frío y protocolario apretón de manos entre Artur Mas y Rajoy.

Gobernar a golpe de decreto y recursos no es gobernar. El Ejecutivo del PP no puede esconderse más tras la norma constitucional, especialmente cuando el principal partido de la oposición, el PSOE, se muestra dispuesto a abordar la discusión. No es la impugnación el camino para solucionar el enfrentamiento con Catalunya. Todo lo contrario: exacerbar los ánimos catalanes con un nuevo revés a una resolución del Parlament da alas al agravio y a la deriva más radical. La política espera.