La polémica privatización del agua

La mayor privatización de la historia realizada por la Generalitat -suena pomposo, pero es así- ha acabado como se veía venir, en fiasco. La mesa de contratación, que ha de reunirse en pocos días, decidirá si repite el concurso por el que se privatizó Aigües Ter-Llobregat (ATLL) desde la fase inicial o si adjudica la operación a la empresa que quedó apartada y recurrió. Dos entidades grandes se las han tenido en este cara a cara: Acciona (vencedora en un principio) y Agbar (la que perdió el concurso y apeló). El periplo legal está siendo largo y poco comprensible para el usuario de un bien tan básico como el agua.

En los últimos días del 2012 se adjudicó la operación por la cantidad de 1.000 millones de euros, que habían de servir de tabla de salvación para cuadrar los presupuestos autonómicos. Dos años ha aguantado la Generalitat en recursos después de que un organismo de control propio -algo que hay que agradecer y del que carecen otras administraciones- indicara que la adjudicación no había sido correcta. La Generalitat está agobiada financieramente desde hace tiempo. Primero fueron los millones de Acciona los que debían tapar agujeros; después, una fracasada venta de inmuebles que dio mucho menos de lo previsto -2.500 millones en el aire del ejercicio actual-, y para el próximo se dibujan 3.000 millones pendientes de unos más que dudosos acuerdos con el Gobierno central. Todo es cierto y sabido, pero nada puede ser excusa para que las cosas no se hagan bien y con la transparencia que requieren los tiempos.

La adjudicación ahora sin más trámite de la privatización a la empresa demandante (Agbar) no parece la mejor solución. Acciona ya ha advertido de que recurrirá la iniciativa, en un vuelta a empezar en el que no hay que olvidar los recursos por compensaciones económicas que pueden presentar las dos partes que se sienten perjudicadas. Lo más prudente, aunque requiera más tiempo, sería partir de cero, como ha planteado el conseller . Si en el 2012 solo se presentaron dos grupos, ahora puede haber más postores, o los dos que concurrieron plantear nuevas condiciones. En definitiva, se trata de que al final quien salga beneficiado sea el usuario del área metropolitana. Que el precio del agua sea razonable y no una sangría más para los consumidores.