Enric Hernàndez Director

No nos engañemos: que la Iglesia pagara el IBI, al menos por una parte de su vasto patrimonio inmobiliario, no nos sacaría de pobres. Tampoco bastaría para enjugar nuestras lágrimas que sociedades con evidente ánimo de lucro (como algunos hoteles de cinco estrellas o la opulenta SGAE, sin ir más lejos) perdieran una exención fiscal hasta ahora justificada por el valor artístico de los inmuebles que poseen. Y, ya puestos, ¿qué son los 14 millones de euros de indemnización que Aurelio Izquierdo, exdirector financiero de Bancaja, tenía previsto embolsarse tras abandonar Bankia frente al agujero de 23.465 millones que ha aflorado la propia entidad, y que el Estado deberá cubrir con fondos públicos? Migajas.

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 80 de la sección de Contraportada de la edición impresa del día 30 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Falta de sensibilidad

Siendo discutible que, en virtud de una interpretación extensiva del concordato con la Santa Sede, la Iglesia hallase en España su paraíso fiscal, aún es más grave la insensibilidad de la jerarquía católica, cuya máxima autoridad, el cardenal Antonio María Rouco Varela, ha llegado a amenazar con suprimir la ayuda a Cáritas si se cobra el IBI a la Iglesia.

Siendo escandalosas las retribuciones de algunos de los directivos de Bankia -muchas firmadas cuando la entidad ya amenazaba ruina-,

aún lo es más la pretensión gubernamental de zanjar el mayor rescate financiero de la historia de España con todo el dinero público que sea menester, pero sin depurar responsabilidad alguna. Y, por poderosas que sean las razones del PSOE para no secundar la apertura de una comisión de investigación sobre el caso Bankia, haría bien en soslayarlas si no quiere que su responsable prudencia se confunda con connivencia.

Tras cuatro años de paro, recortes sociales y subidas de impuestos, no cabe exigir más sacrificios a la ciudadanía si los poderes públicos y privados no dan ejemplo. Eliminar prebendas fiscales (en vez de amnistiar a los defraudadores) y penalizar a los malos gestores no aportaría ingresos ni reactivaría la economía, pero corregiría un déficit moral que socava los cimientos del sistema.