Pobreza energética y bono social

En el 2009 y en medio de la gran recesión, el Gobierno de España aprobó la creación del llamado bono social para asegurar que las personas/familias con pocos recursos tuvieran acceso a la energía eléctrica. La idea era buena, como casi siempre, la realización no tanto, como ahora veremos.

El bono social supone una rebaja del 25% en la tarifa aplicada al consumidor pequeño, normalmente persona individual o familia promedio. El nombre técnico es PVPC o precio voluntario para el pequeño consumidor, que usan unos 12 millones de clientes.

En la actualidad hay 2,4 millones de contratos que reciben esta ayuda, es decir casi un 20% del total. ¿Quiénes son?

En primer lugar 1,9 millones de clientes que tienen una potencia contratada inferior a 3kw, sea en primera vivienda, en el garaje de su casa, o en su apartamento de playa. No estaba así previsto en la ley, pero fue una petición del Ministerio de Industria a las Eléctricas, que estas acataron sí o sí. Esto de ayuda social tiene más bien poco.

En segundo afecta a 0,3 millones de personas con pensiones mínimas. Aquí sí es clara la función social.

En tercer lugar 0,2 millones de familias numerosas perciben el bono social, sea cual sea su situación de renta. Me parece estupendo que ayuden a las familias numerosas (¿quién nos pagará las pensiones en el futuro?), probablemente necesitadas… pero no si tienen un superchalet en Valldoreix o La Moraleja. Por último reciben el bono social 70.000 familias con todos sus miembros en paro.

El resumen es que de los 2,4 millones de perceptores de la subvención, apenas 0,4 millones (el 17%) han acreditado una situación de vulnerabilidad que requiere protección. Además, en el 2009 el precio de la electricidad era moderado (el segundo más bajo entre los países grandes de la UE, solo después de Francia). No era un coste importante para las familias con pocos recursos. Pero desde entonces la electricidad ha subido el 70% y tenemos el tercer precio más caro, después Alemania y Dinamarca. Ahora es un coste que sí pica, y que quizá muchas familias en situación de vulnerabilidad no pueden pagar.

¿Cuánto cuesta el bono social? Pues 180 millones de euros, que pagan las cinco grandes compañías eléctricas. Estos 180 millones de euros darían para paliar sobradamente la pobreza energética de las familias necesitadas.

¿Y cómo lo hacen nuestros vecinos de la UE? Pues con sentido común. Se fija un mínimo de renta o ingreso familiar que da derecho a la subvención y se identifican esas personas con datos de la agencia tributaria, servicios sociales, etc. Y se paga con cargo a los Presupuestos del Estado, como ayuda social, o lo pagan entre el resto de consumidores eléctricos. Creo que no sería muy difícil hacerlo así aquí también y resolveríamos un problema.