Un plan de estabilidad sin transparencia

El Gobierno remitió el pasado jueves a Bruselas el Plan de Estabilidad 2015-2018 en el que, como publicamos hoy, las cifras no acaban de cuadrar y se echan en falta explicaciones. Diferentes expertos consideran que si la economía crece lo que pronostica el Gobierno y refleja el plan, los ingresos deberían ser superiores a los planteados, en una cifra entre 16.000 y 23.000 millones. ¿Por qué se empeña el Gobierno en infravalorar los ingresos? O no se fía de sus optimistas cálculos sobre la evolución de la economía o se guarda un colchón para prometer una nueva rebaja de impuestos con efectos electorales o para compensar una posible desviación en los gastos. Pero no se entiende que no lo explique. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha limitado a reconocer que el plan «incorpora reformas tributarias para volver a bajar los impuestos», pero no ha cuantificado esa posible rebaja ni mencionado el remanente oculto en la infravaloración de los ingresos.

La pretensión de Montoro puede ser la de evitar nuevas críticas de la Comisión Europea (CE) a más rebajas de impuestos en la situación actual de la economía. Bruselas ya criticó la rebaja en el IRPF para este año proyectada por el Gobierno con claros objetivos electoralistas cuando España aún no ha salido de la crisis. La CE dio a conocer ayer las previsiones, que enfrían algo el optimismo gubernamental. Mientras el Ejecutivo mantiene un crecimiento del 2,9% para este año y el siguiente, Bruselas lo rebaja al 2,8% en 2015 y al 2,6% en el 2016, aunque mejora, ciertamente, sus pronósticos de hace tres meses. Es indudable que España estará entre los países europeos de mayor crecimiento, muy por encima de la media de la eurozona (1,5%), pero la CE sigue poniendo el acento en el incumplimiento del déficit público en el 2015 y el 2016, y, sobre todo, en la lenta bajada del paro, que seguirá por encima del 20% hasta el 2017, el doble de la eurozona.

Por ello, los buenos datos de la rebaja del paro registrado en abril (118.923 personas en toda España y 18.681 en Catalunya) y el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social (175.495 y 32.323, respectivamente) no pueden obnubilarnos. Sirven para que el Gobierno diga que hay menos parados en el registro que a su llegada al poder (unos 70.000 menos), pero la reducción es aún muy insuficiente. Y el nuevo empleo, muy precario.