¿Pisos por papeles?

En ocasiones, tan importante como las medidas que se toman, lo es el momento y la manera en que se explican. España vive una crisis sin precedentes y los desahucios de familias que lo han perdido todo y quedan con la deuda de por vida ha sobrevenido la polémica política de estas últimas semanas. Polémica que ha arreciado tras frustarse las esperanzas que generó el Gobierno con el decreto aprobado tras una serie de contactos con la oposición y un nuevo suicidio.

Analizando las causas de la crisis que padece España hay acuerdo en que la principal fue la burbuja inmobiliaria y la facilidad con que los bancos daban hipotecas de pisos sobretasados a familias españolas o extranjeras que firmaban sin cumplir las condiciones objetivas para garantizar su pago en el caso de que vieran disminuidos sus ingresos.

A la par del ladrillo y el crecimiento económico del periodo 1990-2007, llegó a España una gran cantidad de mano de obra extranjera demandada no solo por el sector de la construcción, sino también por lo que el exministro de Trabajo del PP,Manuel Pimentel-que dimitiría por discrepancias conAznar-, definía como «hidalguía laboral». Es decir, la negativa de muchos autóctonos a cambiar de empleo o trabajar por sueldos inferiores a 1.000 euros. Llegaba una mano de obra, generalmente bien remunerada, para la construcción, mientras que otra ocupaba en el hogar, la dependencia, hostelería, comercio y agricultura los empleos que muchos autóctonos rechazaban. El método que se eligió -excepto en el breve periodo del ministroJesús Caldera- fue que llegaran sin papeles y se regularizaran después.

El Partido Popular, que conAznarhizo las mayores regularizaciones, acusó después a los socialistas cuando hicieron la última abriendo la puerta a mafias del Este y a la penetración del comercio chino que poco a poco ganaba espacio en muchos sectores. Y se denunciaba que grupos financieros, algunos de capital nada honesto, aprovechaban la burbuja para el blanqueo de dinero, fácilmente lavable en España sobre todo en la costa mediterránea, uno de sus paraísos de la Unión Europea. Y una vez aquí controlaban negocios y sectores nada honestos.

También había una gran cantidad de ciudadanos de otros países de la UE que compraban viviendas en la costa, Canarias o Baleares y, como comunitarios, tenían el derecho a residencia garantizado. Evidentemente, en modo alguno se puede generalizar dado que junto a la mayoría de ciudadanos chinos o de la Europa del este que trabajaban más que nadie sus negocios, había mafias de blanqueo de dinero, extorsión y evasión de impuestos. La detención hace un mes de un magnate chino y su red es una muestra clara. Pero la mayoría de los empresarios extranjeros trabajan de manera honrada y legal.

Con la propuesta que lanza ahora el Gobierno de dar automáticamente permiso de residencia a quien compre una vivienda de más de 160.000 euros, que según se ha dicho va dirigida a ciudadanos chinos y rusos, se abre una puerta incierta. Si hasta ahora había españoles y extranjeros que se lucraban y extorsionaban con la venta de contratos de trabajo, ahora las mafias extranjeras tendrán un nuevo mercado de extorsión para penetrar en España. Prestar dinero, venido nadie sabe de dónde, a nuevos inmigrantes o a los que ya están en España, que pueden perder sus papeles, a cambio de quedar atados para siempre en su red gracias a la compra de un piso con recursos ajenos.

Ahora que la UE intenta luchar contra la economía sumergida, en España no solo se promulgan amnistías fiscales, sino que se anima a venir con dinero a comprar pisos y tener permiso de residencia permanente o de larga duración.

No se puede generalizar y al igual que hay muchos jubilados europeos que pasan parte del año en la costa mediterránea, muchos podrán ser jubilados rusos o chinos ajenos a cualquier negocio mafioso. Pero ello obligará a modificar la ley de extranjería que exige, por ejemplo, de cara a las renovaciones, unos periodos mínimos de permanencia en España y unos ingresos económicos determinados. Puesto que habrá que modificar la ley, ¿se aplicarán los mismos requisitos al trabajador ucraniano, paquistaní o chino que cotiza desde hace dos o cuatro años y paga su hipoteca que a quienes lleguen con 200.000 euros en la mano y un contrato de compra? ¿Deberán ser compras al contado con dinero que aparente ser blanco o limpio, o no se preguntará de dónde viene?

Demasiadas dudas y agravios para lanzar esa propuesta que, según cómo se aplique, servirá para que dinero negro de fuera se afinque con quienes lo consiguen de manera opaca en España, y será un agravio para los extranjeros que compraron un piso y no saben si en caso de quedar en paro perderán los papeles. Periodista.