La dimisión de Montoro

Cuando se usan eufemismos suele ser señal inequívoca de que se pretende pervertir la realidad. La RAE parece estar pensando en el Gobierno del Partido Popular durante los años de crisis económica cuando define eufemismo como la “manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. España no fue rescatada por Europa, obtuvo “un crédito en condiciones ventajosas”. Los recortes no fueron imposición de Bruselas, si no que se produjo una cierta “condicionalidad pactada” y una “consolidación fiscal”. Los jóvenes no tuvieron que marchar al extranjero para buscar empleo porque la tasa de paro juvenil era del 50%, hubo “movilidad exterior”.

Y el Gobierno no hizo una amnistía fiscal para blanquear a defraudadores y delincuentes, impulsó “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas”. La declaración del Tribunal Constitucional sobre la Amnistía Fiscal no solo avala con claridad lo que muchos periódicos denunciamos como una terrible abominación. Va mucho más allá al llamarla por su nombre: “amnistía fiscal”. Un calificativo que los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) siempre han usado y reivindicado, pero que el Gobierno siempre se ha negado a utilizar.

El Ejecutivo aprobó vía decreto-ley un indulto tributario que benefició a 31.500 evasores fiscales y recaudó solo 1.200 millones de euros, la mitad de lo inicialmente previsto. Ante el poco éxito del proceso, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro suavizó aun más la amnistía. Inicialmente se exigía un pago de solo el 10% para que los defraudadores regularizaran sus patrimonios ocultos. Luego se cambió la norma para que solo se aplicara sobre los rendimientos de los ejercicios no prescritos, lo que provocó en la práctica que los evasores acabaran pagando un 3%.

La Constitución a la que tanto apego tiene Rajoy permite que en caso de extraordinaria y urgente necesidad (de ingresos en este caso), el Gobierno pueda aprobar decretos-ley y saltarse la tramitación parlamentaria siempre que el decreto-ley no vulnere otros principios básicos de la Carta Magna como los de justicia y equidad de todos los ciudadanos a la hora de sostener el sistema. La perversión final es la de premiar a los evasores frente a los ciudadanos de bien que han pagado religiosamente sus impuestos.

Después de esta declaración, difícilmente se podrá hacer otra amnistía fiscal en España y mucho menos vía decreto-ley. Recurriendo al recurso del eufemismo, Montoro queda "desautorizado o cuestionado" tras esta sonora pífia. Sin recurrir a él, Montoro debería dimitir e irse a su casa.