El Parlament emprende la ruta soberanista con una doble fractura en el PSC

La decisión de la Cámara catalana de pedir la cesión de competencias para celebrar una consulta soberanista evidenció la ruptura en tres del grupo socialista: los contrarios, los partidarios y los que se ausentaron o dejaron su cargo en la ejecutiva por discrepancias con la dirección

JOSÉ ANTONIO SOROLLA

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El pleno extraordinario del Parlament para aprobar la resolución que pide al Estado la delegación de competencias para poder organizar un "referéndum consultivo" sobre el "futuro político colectivo de Catalunya" terminó sin sorpresas. Casi dos tercios de los diputados apoyaron el texto, entre ellos tres socialistas.

De los 135 diputados, 87 votaron a favor (los dos tercios son 90), 43 lo hicieron en contra y hubo 3 abstenciones. El PSC se fracturó (3 de sus 20 diputados apoyaron la resolución, frente a 16 que la rechazaron), pero el grupo crítico también se dividió a su vez porque, de los cinco disidentes, uno, Àngel Ros, alcalde de Lleida, dimitió el día anterior para no votar contra el criterio de la dirección y otra, Rocío Martínez-Sampere, se alineó con la mayoría, aunque, para expresar su postura crítica, anunció su abandono de la ejecutiva del partido.

Los cinco diputados que hace un año, el 23 de enero de 2013, se ausentaron del pleno para no votar contra la declaración de Catalunya como "sujeto jurídico y político" no han conseguido mantener la unidad y solo tres (la 'exconsellera' de Sanitat Marina GeliJoan Ignasi Elena y Núria Ventura) votaron al unísono junto al bloque soberanista.

De siete a tres

Esta doble ruptura en el PSC --los críticos con la mayoría y los críticos entre ellos-- ilustra las tensiones y las presiones a que se ha visto sometido en los días previos a la votación el partido que siempre se ha considerado que expresaba mejor la pluralidad de la sociedad catalana.

Se llegó a especular con que hasta siete diputados podían romper la disciplina de voto, pero finalmente la cifra ha quedado rebajada a tres. La disidencia obedece a razones ideológicas y territoriales, ya que Geli (Girona), Elena (exalcalde de Vilanova i la Geltrú) y Ventura (Terres de l'Ebre) representan a zonas de la Catalunya interior donde la opción soberanista está más arraigada que en la Catalunya metropolitana.

Ahora, estos tres disidentes podrían ser expulsados del grupo parlamentario e incluso del partido, ya que han desobedecido la decisión que el consejo nacional del PSC adoptó por un 87% de los votos; pero voces relevantes del socialismo piden al primer secretario, Pere Navarro, que no opte por una sanción que podría acarrear una verdadera ruptura de la formación.

El pulso entre la dirección y los críticos se ha mantenido hasta el final, armada la cúpula con esa decisión casi unánime del máximo órgano entre congresos del partido, mientras que los disidentes apelaban a la tradición catalanista del PSC y a la inconveniencia de oponerse a un deseo, el ejercicio del derecho a decidir, mayoritario en la sociedad catalana, según los sondeos.

Fin de la ambigüedad

La dirección del PSC, sin embargo, ha decidido acabar con la ambigüedad y decantarse por no hacer el juego nunca más al bloque soberanista. De ahí el voto negativo y el descarte de la abstención, que hubiera significado mantener la equidistancia en tiempos en que es necesario tomar grandes decisiones.

Equivocadamente o no, Navarro y su equipo estiman que la ambigüedad es lo que desgarra al PSC al situarlo en un terreno de nadie en el que pierde votos por los dos extremos del eje nacional. Esa es la estrategia de fondo, junto a la convicción de que solo unas buenas relaciones con el PSOE pueden conseguir un cambio en toda España que mejore el encaje de Catalunya a través de una reforma federal de la Constitución. Y la apuesta federal del PSOE exige a cambio el desenganche del PSC de la hoja de ruta soberanista diseñada por CiU y ERC.

En el caso concreto de la resolución aprobada ahora, el PSC asume que los contrarios a la independencia no pueden respaldar una estrategia soberanista condenada al fracaso y que solo puede dificultar la consulta "legal, pactada y acordada" previamente con el Estado, como se ha hecho en el caso de Escocia, postura que siguen defendiendo los socialistas.

Como reconocieron ayer explícitamente los tres portavoces del bloque soberanista (CiU, ERC y, con matices, ICV), el voto de la resolución para pedir la delegación de competencias solo tiene el objetivo de "cargarse de razones" para proseguir después la ruta por otros derroteros, como las llamadas elecciones plebiscitarias, sin descartar la declaración unilateral de independencia.

"Cargarse de razones"

Para "cargarse de razones", los tres portavoces soberanistas (Marta Rovira, por ERC; Jordi Turull, por CiU, y Dolors Camats, por ICV) se esforzaron en destacar que la cesión de competencias para organizar un referendo en aplicación del artículo 150.2 de la Constitución es legal.

Es evidente, sin embargo, que ese precepto se refiere a facultades que "por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación" y a nadie se le oculta que una consulta sobre la soberanía no encaja en esa naturaleza, ya que viola los artículos 1 (la soberanía reside en el pueblo español) y 2 (la unidad de España) de la Carta Magna.

Por lo demás, los discursos no se apartaron del guion. Además de la legalidad o no de la resolución, el concepto de democracia frente a legalidad centró algunas intervenciones. ERC y CiU insistieron en calificar de "antidemócratas" o "no demócratas" a los contrarios a la consulta, mientras que el PP y Ciutadans (Albert Rivera fue especialmente contundente) denunciaron la deriva "separatista" y el intento de "división"de la sociedad catalana. "El único proyecto que une a Artur Mas y a Oriol Junqueras [lider de ERC] es dejar de ser españoles", dijo el dirigente de Ciutadans.

La reducción al absurdo o a la política virtual que a veces domina la política catalana la puso la CUP, que, después de firmar la resolución, se abstuvo con el argumento de que no acepta el marco político constitucional ni acepta que Catalunya tenga que pedir permiso al Estado para celebrar nada.

El Estado, vía la representación popular en el Congreso de los Diputados, rechazará la cesión de competencias cuando se debata la resolución y los soberanistas se considerarán entonces "cargados de razones". Y el choque de trenes estará más próximo y la noria seguirá girando. ¿Hasta cuándo?

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