El paraíso del 'top manta'
Gobernar es asumir responsabilidades: el Ayuntamiento debe trazar con la Generalitat y el Puerto un plan de acción contra la venta ilegal en Barcelona
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Imaginemos la escena. Una soleada mañana de sábado, el Moll de la Barceloneta aparece sembrado de elegantes paradas en las que las marcas de moda, complementos y joyería venden sus productos al mismo precio que en los establecimientos de procedencia. Los dependientes, pulcramente vestidos, atienden amablemente a los turistas que comprueban la autenticidad de los productos, les cobran con tarjeta de crédito y los animan a conservar el tíquet, canjeable en las tiendas cada marca. Fuera o no un gran negocio, las autoridades locales se verían impelidas a desalojar a las tenderos ambulantes, multándolos por ocupar el espacio público sin la correspondiente licencia municipal. Y harían bien.
La paradoja es que lo que al comercio legal, genuino y sujeto al pago de impuestos le está vedado, en Barcelona se tolera con el 'top manta', que vende falsificaciones, no tributa y, por supuesto, carece de licencia. El fenómeno no es nuevo en el litoral catalán; su magnitud en la Barceloneta, sí. La tolerancia del equipo de gobierno con los manteros ha tenido un 'efecto llamada' que ha masificado el Port Vell y otros enclaves turísticos, hasta el punto de poner en pie de guerra a los vecinos y a los comerciantes del barrio.
Tiene razón el Ayuntamiento cuando alega que el 'top manta' no se solucionará con una respuesta estrictamente policial, si bien una mayor presencia de la Guardia Urbana, con jurisdicción en este paraíso de los manteros, tendría fuerza disuasoria. Pero una crisis de esta envergadura no se puede despachar apelando a las atribuciones de otros cuerpos policiales, ni arguyendo que la complejidad del fenómeno, en el que confluyen las redes organizadas, los talleres ilegales y la precariedad de cientos de inmigrantes que se buscan la vida, supera el ámbito competencial del Ayuntamiento.
Un plan de actuación
Gobernar es asumir responsabilidades y tejer complicidades, no escurrir el bulto. Urge que el equipo municipal encauce el diálogo con los sectores afectados y trace con la Generalitat y el Puerto un plan de actuación que pacifique el conflicto antes de que vaya a mayores. Quizá no sea demasiado tarde.
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