Pagar por lo que no se tiene

Ha vuelto a suceder. Un caso particular, promovido por una empresa o una persona que se ha hartado de padecer lo que considera una injusticia, una incongruencia legal o simplemente un abuso ha acabado en los tribunales y cuando estos han emitido la sentencia y se ha hecho pública ha resultado que han aparecido centenares de miles de afectados por el mismo problema. Además, afectados de verdad. Es lo que ha pasado con el reciente fallo del Tribunal Constitucional que considera que no deben pagar el llamado impuesto de plusvalía municipal los contribuyentes que hayan registrado pérdidas al vender, traspasar o heredar un inmueble. Parece de cajón, pero no era lo que sucedía, al contrario.

Este tributo está vinculado a la propiedad del suelo y se le atribuyen unas ganancias por el simple hecho de ver pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá. Míralas, míralas, las plusvalías, dicen en los servicios de recaudación municipales, aunque el contribuyente no haya visto ni un duro. Hasta que la factura a pagar ha sido tan elevada que uno de los afectados ha decidido que esto no tenía ni lógica, ni apoyo legal. Y así lo ha considerado también finalmente el Tribunal Constitucional.

Lo más sangrante es que han pasado varios años hasta que se ha hecho justicia. Mientras, miles de contribuyentes -algunos expertos en litigios calculan que más de medio millón- han pagado por algo que no debían y, a pesar de tener razón, si quieren reclamarlo deberán iniciar un farragoso y pesado proceso legal, aunque ahora tengan el camino mucho más trillado tras la acción del particular que se la jugó primero. Ahora todo el mundo ve evidente que gravar por un beneficio inexistente es totalmente absurdo, pero durante años los municipios no se han dado por aludidos y han seguido cobrando y pasando recibos e incluso haciendo inspecciones y requerimientos a la búsqueda de la plusvalía que en realidad era una pérdida. 

Ni siquiera en estos casos las administraciones reaccionan de oficio. El que quiera que le devuelvan el dinero que le han cobrado de más deberá reclamar y pagar por ello, buscar pruebas que demuestren lo que el municipio ya sabe, acudir a los tribunales... En fin, un engorro que muchos abogados consideran que no vale la pena si la liquidación que se pretende recuperar no supera los 10.000 euros. Y eso en un país en el que el sueldo medio en España ronda los 1.600 euros.

Si se pretende que la administración esté más cerca del ciudadano, el mismo empeño que esta pone para cobrar lo debería emplear para solucionar un error que afecta a miles de ciudadanos.